Comisión de ONU acusa a Rusia de crímenes contra la humanidad

Una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas concluyó que Rusia ha cometido “crímenes contra la humanidad” por la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos desde el inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El informe, de 19 páginas, señala que las autoridades rusas incurrieron en deportaciones, traslados forzosos y desapariciones de menores, prácticas que constituyen tanto crímenes contra la humanidad como crímenes de guerra según el derecho internacional.

La investigación documentó al menos 1.205 niños, de entre 11 meses y 17 años, trasladados desde cinco provincias ucranianas a territorios controlados por Moscú, incluyendo Rusia y zonas ocupadas dentro de Ucrania.

Según el informe, muchos de los menores habían perdido a sus padres, fueron separados de sus familias durante las hostilidades o vivían en orfanatos. Posteriormente fueron llevados a centros de tránsito en Rusia o en territorios ocupados, desde donde algunos fueron enviados a familias de acogida.

Los traslados se realizaron en autobuses, trenes y aviones, y fueron presentados por las autoridades rusas como evacuaciones humanitarias. Sin embargo, la comisión recordó que el derecho humanitario internacional establece que las evacuaciones deben ser temporales y justificadas por razones imperiosas de salud, tratamiento médico o seguridad.

El documento también describe la participación del Ministerio de Defensa ruso en estas operaciones. En septiembre de 2022, por ejemplo, 77 menores ucranianos fueron trasladados al óblast de Moscú en un avión de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia.

La investigación identifica además un papel clave de la comisionada presidencial rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, quien acompañó personalmente algunos traslados y visitó familias rusas que recibieron a los menores.

Cuatro años después del inicio del conflicto, la comisión estima que el 80% de los niños documentados no ha regresado a su lugar de origen. Muchos de ellos han recibido ciudadanía rusa y han sido incorporados a bases de datos de adopción.

El informe sostiene que la política de traslados fue ejecutada “al más alto nivel del aparato estatal”, indicando que la participación del presidente Vladimir Putin ha sido visible desde el comienzo del proceso y que ejerció autoridad directa sobre las instituciones involucradas.

Para facilitar las deportaciones, las autoridades rusas habrían coordinado medidas legislativas, administrativas y operativas, incluyendo modificaciones legales en territorios ocupados como Donetsk y Lugansk para permitir la colocación de niños ucranianos en familias rusas.

La comisión también señaló que en numerosos casos los padres o tutores no fueron informados adecuadamente sobre el paradero de los menores, lo que obligó a muchas familias a iniciar por su cuenta la búsqueda de sus hijos.

En cuanto a las repatriaciones, el informe indica que los retornos han enfrentado obstáculos burocráticos, retrasos y riesgos de seguridad, incluyendo exigencias de documentos judiciales o dificultades para acceder a zonas bajo control ruso.

Algunas devoluciones solo se lograron con la intervención del gobierno ucraniano, organizaciones humanitarias o terceros países, lo que en la práctica ha dejado sin alternativas a muchas familias con menos recursos.

La comisión también recogió testimonios de menores que denunciaron adoctrinamiento y presión psicológica durante su permanencia en Rusia, incluyendo la obligación de escuchar diariamente el himno nacional ruso.

La investigación se basó en 232 entrevistas a padres, tutores, menores, expertos y funcionarios, además del análisis de más de 2.000 documentos, incluidos registros oficiales, listas de menores deportados y material de fuentes públicas.