Gobierno de Kast retira decreto que permite implementación de nueva Ley de Adopción

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, defendió la medida y afirmó: “en nada estamos retrocediendo, por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió retirar desde la Contraloría el decreto que permitía la implementación de la nueva Ley de Adopción. Con esto, la ley no podrá entrar en vigencia.

Puntualmente, se solicitó al ente contralor el retiro del Decreto Supremo N° 2 de 2026, del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que la normativa pasa a fase de suspensión indefinida hasta que el Ejecutivo ingrese un nuevo documento actualizado.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, defendió la medida en conversación con Radio Bío Bío y afirmó: “en nada estamos retrocediendo, por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”.

Con esta medida, la ley queda en “pausa”, sin poder implementarse.

Implicancias de la ley

La ley, impulsada por la administración de Gabriel Boricpone en el centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sus necesidades y su derecho de vivir y crecer en una familia.

Además, prioriza la revinculación familiar con plazos acotados, y establece un proceso integral y continuo, que evita extender la espera y fija plazos de entre 12 y 18 meses para el que juez o jueza determine si se revincula con su familia de origen o se vincula con una familia adoptiva.

Asimismo, equipara las posibilidades de matrimonios, personas solteras o parejas con acuerdo de unión civil, siendo lo más importante el bienestar del niño o niña.

Establece que el niño o niña adoptado podrá mantener contacto con su familia de origen, incorpora posibilidades excepcionales para que familias de acogida que han tenido por periodos extensos a niños y niñas puedan ser familia adoptiva y se perfecciona el delito de obtención ilegal de un niño, niña o adolescente, haciéndose cargo de las adopciones ilegales.

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El Periodista