Mega proyecto en Ñuñoa bajo la lupa: acusan graves irregularidades en torres de 32 pisos

Un millonario proyecto inmobiliario en la comuna de Ñuñoa volvió a quedar en el centro de la controversia, luego de que especialistas y organizaciones urbanas denunciaran una serie de irregularidades en su aprobación, apuntando directamente a fallas en la fiscalización de autoridades y posibles vulneraciones a la normativa vigente.

Se trata de un complejo de cuatro torres —tres habitacionales y una de oficinas— de 32 pisos cada una, impulsado por la inmobiliaria Fundamenta, con una inversión estimada de US$300 millones, emplazado en un punto estratégico cercano a Américo Vespucio, Irarrázaval y Juan Sabaj.

Según los denunciantes, el proyecto presenta inconsistencias desde su origen, particularmente en el estudio de sombras, un elemento clave para determinar el impacto de edificaciones en su entorno. Este informe habría sido mal elaborado, lo que permitió —afirman— autorizar alturas y volumetrías que exceden lo permitido por la regulación local.

La controversia no es nueva. De hecho, el exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ya había cuestionado el proyecto años atrás, señalando errores en su evaluación. Para los críticos, los antecedentes actuales refuerzan esa postura y evidencian un problema estructural en la forma en que se aprueban este tipo de desarrollos.

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el momento en que se tramitó el permiso de edificación. La solicitud se habría ingresado justo antes de una modificación del Plan Regulador Comunal de Ñuñoa que limitó la altura máxima a 15 pisos en la zona, lo que permitió que el proyecto avanzara bajo condiciones normativas más permisivas.

A ello se suma la acusación de que el diseño combina indebidamente normas urbanísticas, permitiendo levantar torres de hasta 80 metros —e incluso 82 metros tras modificaciones posteriores— en un sector donde originalmente se contemplaban edificaciones de menor altura y fachada continua.

Los denunciantes también cuestionan el rol de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Ñuñoa, que habría aprobado el permiso pese a inconsistencias técnicas, así como la actuación de la Seremi de Vivienda, acusada de no haber abordado adecuadamente las observaciones presentadas en instancias previas.

El caso incluso ha sido llevado en reiteradas ocasiones a la Contraloría General de la República. Sin embargo, el organismo fiscalizador decidió recientemente no pronunciarse, argumentando falta de nuevos antecedentes, lo que ha sido interpretado por los denunciantes como una señal de impunidad.

Desde el ámbito técnico, uno de los cuestionamientos centrales apunta a que la proyección de sombras se habría realizado a nivel del suelo y no conforme a lo establecido en la normativa, lo que —según los críticos— permitió “artificialmente” aumentar la altura del proyecto, afectando a los vecinos colindantes.

Pese a las controversias, el proyecto continúa avanzando y se espera que en los próximos meses obtenga su recepción final, lo que consolidaría su construcción como un hecho consumado.

Para los denunciantes, el caso refleja un problema mayor en la planificación urbana del país: la capacidad de grandes proyectos para sortear restricciones normativas mediante interpretaciones flexibles o vacíos legales, en desmedro de la calidad de vida de las comunidades.

El debate, advierten, está lejos de cerrarse y podría reabrir la discusión sobre el rol de las instituciones en la regulación del desarrollo urbano y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en este tipo de iniciativas.