Tras 40 años, el Estado reconoce como víctima de la dictadura a adolescente desaparecido en Arica en 1986

Después de cuatro décadas de búsqueda y gestiones judiciales, el Estado de Chile reconoció oficialmente a Luis Alberto Pino Soto, un adolescente de 15 años desaparecido en julio de 1986 en la ciudad de Arica, como víctima de la dictadura de Augusto Pinochet.

El reconocimiento se concretó tras una sentencia del 19° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó incorporar su nombre en el listado oficial de víctimas del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig. La resolución estableció que en su caso existieron errores administrativos que durante décadas impidieron su reconocimiento.

Según se determinó, el joven fue incluido erróneamente en la categoría de casos “sin convicción” dentro del informe elaborado en 1990, además de registrarse un error en la transcripción de su apellido, lo que contribuyó a que su desaparición no quedara formalmente reconocida.

La oficialización del reconocimiento se realizó en febrero de este año, en una ceremonia encabezada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Delegación Presidencial de Arica, instancia en la que se entregó a la familia la carpeta oficial del caso y el reconocimiento como víctima de desaparición forzada.

El abogado de la familia, Francisco Bustos, señaló que el reconocimiento representa un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia.

“Continuaremos acompañando a la familia, buscando verdad respecto del paradero de Luis Pino Soto y justicia respecto de los responsables de su desaparición. Por décadas el Estado no reconoció su desaparición y muchas autoridades nunca se tomaron la molestia de escuchar a la familia, lo cual incrementó el dolor sufrido”, afirmó.

El jurista también valoró el rol de políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda, que contribuyeron a revisar los antecedentes y detectar el error que mantenía el caso fuera de la nómina oficial de víctimas.

Investigación por crimen de lesa humanidad

Desde fines de 2024, el caso comenzó a investigarse judicialmente como crimen de lesa humanidad, luego de que el Estudio Caucoto Abogados, especializado en derechos humanos, presentara una querella criminal en representación de la familia.

La acción judicial busca establecer responsabilidades por el delito de secuestro calificado consumado, figura jurídica que corresponde a la desaparición forzada, además de otros posibles ilícitos que puedan surgir durante la investigación.

La querella fue acogida por el ministro en visita extraordinaria Sergio Troncoso Espinoza, de la Corte de Apelaciones de La Serena, quien actualmente dirige las diligencias destinadas a esclarecer el paradero y destino del adolescente.

Un caso marcado por errores y décadas de búsqueda

Luis Alberto Pino Soto cursaba tercer año de enseñanza media en el Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica cuando se perdió su rastro el 1 de julio de 1986, cerca de las 14:00 horas, tras salir de su hogar con destino a la casa de un compañero de escuela, en vísperas de protestas contra la dictadura.

Desde entonces su paradero permanece desconocido.

En los días posteriores a la desaparición, sus padres intentaron denunciar el caso ante Carabineros y la Policía de Investigaciones, pero las gestiones no arrojaron resultados. A lo largo de los años surgieron diversas irregularidades en la investigación, incluyendo versiones no confirmadas que señalaban que el menor habría sido visto subiendo a un camión militar o que su cédula de identidad habría aparecido en una comisaría cercana al lugar de los hechos.

En 1990, el nombre del joven apareció en una publicación del diario La Estrella de Arica, pero con su apellido mal escrito como “Pinto”, error que también se replicó posteriormente en los registros del Informe Rettig.

Décadas después, en 2023, un hecho insólito volvió a reabrir el caso: la familia recibió una citación del Juzgado de Policía Local de Arica dirigida a Luis Pino por no presentarse a votar, lo que evidenció que el Estado aún no lo registraba oficialmente como desaparecido.

Ese episodio impulsó nuevas gestiones de la organización Mujer, Memoria y Derechos Humanos de Arica, que ayudó a la familia a presentar el caso ante distintas instituciones y posteriormente iniciar acciones judiciales en 2024.

Hoy, 40 años después de su desaparición, Luis Alberto Pino Soto ha sido finalmente reconocido como víctima de desaparición forzada, aunque su paradero sigue siendo desconocido.

Mientras la investigación judicial avanza, su familia mantiene la esperanza de conocer la verdad sobre lo ocurrido y que los responsables enfrenten la justicia.