Trinidad y Tobago retoma estado de emergencia ante repunte violento de pandillas

La presidenta de Trinidad y Tobago, Christine Kangaloo, proclamó un estado de emergencia nacional a partir de este martes ante las amenazas contra las fuerzas del orden que luchan contra las pandillas locales.

«El Consejo de Seguridad Nacional resolvió asesorar inmediatamente a la presidenta (Kangaloo) para que declare que existe un Estado de Emergencia Pública en Trinidad y Tobago con efecto a partir del 3 de marzo de 2026. Su excelencia así lo declaró, informó la primera ministra, Kamla-Persad Bissessar, en un comunicado.

La medida fue adoptada a partir de reportes de inteligencia que confirman un aumento en la actividad criminal violenta en el país tras el estado de emergencia que expiró el 31 de enero pasado.

«Varios de estos actos delictivos han resultado en múltiples muertes debido a tiroteos masivos, y la continuación de tiroteos por represalias entre bandas criminales, si no se controla, pondría en peligro la seguridad pública», señaló Persad-Bissessar.

Las autoridades locales atribuyen el repunte en la criminalidad a la liberación de detenidos y a la reactivación de redes criminales tras el fin de las restricciones previas.

Según la premier trinitaria, la medida es coherente con el enfoque de tolerancia cero de su Gobierno hacia el crimen y las bandas criminales, para impedir que se reviertan logros como la reducción en las tasas de homicidios.

La isla de Trinidad y Tobago registró en 2025 la cifra de homicidios más baja en una década (369 en 2025), una disminución del 42 por ciento respecto a 2024.

Las Regulaciones de Poderes de Emergencia otorgan a las fuerzas de seguridad poderes ampliados, entre ellos búsquedas y detenciones sin orden judicial en ciertos casos, así como posibles restricciones al uso de redes sociales, protestas y reuniones.

Por el momento no se ha impuesto un toque de queda ni limitaciones generales de movimiento, pero las autoridades locales advirtieron que las regulaciones pueden ajustarse según la evolución de la situación.

Según la Constitución local, el estado de emergencia tiene una duración inicial de 15 días y puede ser prorrogado por el Parlamento por períodos adicionales de hasta 3 meses cada vez.

Trinidad y Tobago ha recurrido a esta herramienta repetidamente desde 2024, pese a las críticas de sectores que alegan que la medida no ataca las causas estructurales del crimen (pobreza, tráfico de armas y rivalidades entre pandillas), y entraña riesgos de abusos.

Pese a los cuestionamientos, Persad-Bissessar reivindicó la medida con una advertencia: «si los criminales quieren aterrorizar a la gente decente, yo haré todo lo legalmente posible para aterrorizar a los criminales».