Turistas japoneses formalizados por fogata en Torres del Paine: tribunal ordena donación de $30 millones

Tres ciudadanos japoneses fueron formalizados por encender una fogata en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes.

El hecho fue detectado por guardaparques de CONAF entre el 2 y el 11 de marzo, lo que derivó en su expulsión del recinto, posterior detención por Carabineros y presentación ante el Juzgado de Garantía de Puerto Natales.

En la audiencia, el tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento y ordenó a los imputados donar $30 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, además de establecer arraigo nacional hasta concretar el pago, prohibición de ingreso a áreas silvestres protegidas y veto para regresar a Chile durante tres años.

Uso de fuego en área protegida

Según la investigación del Ministerio Público, los turistas encendieron una fogata en el Campamento Italiano, sector donde el uso de fuego está completamente prohibido. Guardaparques detectaron vestigios de la actividad, entre ellos troncos cortados y restos de combustión, lo que motivó la denuncia.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el ente persecutor, los visitantes habrían utilizado “trozos de árboles nativos y líquidos acelerantes y combustible”, prácticas que se encuentran restringidas incluso en sectores donde existen zonas habilitadas para fuentes de calor.

Tras constatar la situación, personal de CONAF dispuso la expulsión de los turistas desde el parque. Posteriormente, el 11 de marzo, fueron interceptados por Carabineros cuando se trasladaban en bus hacia Puerto Natales, quedando a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia de formalización, la magistrada Marianela Chacur Benítez aprobó la suspensión condicional del procedimiento, estableciendo una serie de medidas para los imputados. Entre ellas, el tribunal ordenó la donación conjunta de $30.000.000 al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

Según informó el tribunal, se fijó “la prohibición de salir del país hasta que concreten una donación solidaria de $30 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza”. Asimismo, la resolución establece que, una vez realizada la transferencia, los imputados deberán abandonar el territorio nacional y no podrán regresar a Chile durante los próximos tres años.

Mientras permanezcan en el país, también deberán cumplir con la prohibición de ingresar a áreas silvestres protegidas, lo que incluye parques nacionales, reservas y monumentos naturales administrados por el Estado.