Cámara aprueba en general proyecto de “Escuelas Protegidas” y despacha a segundo trámite legislativo

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite constitucional el proyecto de ley que “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

El texto fue respaldado en general por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente, se realizaron 27 votaciones en particular sobre el articulado y las indicaciones presentadas.

La propuesta busca enfrentar hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales mediante una serie de medidas, entre ellas la posibilidad de revisar mochilas, sanciones por interrupción de clases y un nuevo requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior.

Con su aprobación en la Cámara, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde deberá ser analizado en segundo trámite constitucional.

Revisión de mochilas y medidas de seguridad

Uno de los puntos centrales del proyecto es la facultad de los sostenedores para incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo la vestimenta. La medida busca prevenir el ingreso de objetos que puedan ser utilizados para agredir a miembros de la comunidad educativa o dañar la infraestructura.

La normativa prohíbe expresamente cualquier revisión corporal o exigencia de desnudarse. En caso de detectarse elementos prohibidos, los establecimientos deberán informar de inmediato a padres o apoderados, así como a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.

Asimismo, se establece que cada establecimiento deberá definir qué personal estará autorizado para realizar estas revisiones. En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se aprobó una indicación que exige el acompañamiento de profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) o de convivencia escolar.

Interrupción de clases y convivencia escolar

El proyecto también tipifica como una afectación grave a la convivencia escolar aquellos actos intencionales que impidan el desarrollo de clases o provoquen su interrupción total o parcial, así como la suspensión de actividades académicas.

A ello se suman las amenazas —por cualquier medio— que generen alteraciones sustanciales en la jornada escolar. No obstante, se excluyen los actos involuntarios.

En materia de convivencia, se dispone que los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, o que promuevan la violencia, el consumo de drogas o conductas delictivas.

Restricción a la gratuidad

Otro de los aspectos más debatidos fue la incorporación de un requisito adicional para acceder a la gratuidad en la educación superior. La norma, aprobada por 83 votos a favor y 65 en contra, establece que no podrán acceder a este beneficio quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la propiedad, tanto pública como privada.

Esta inhabilidad se extenderá por un período de cinco años. Además, las instituciones de educación superior deberán suspender el beneficio a aquellos estudiantes que, estando cursando estudios gratuitos, resulten condenados por este tipo de delitos.