Señales de un almuerzo en La Moneda

Por Rodrigo Reyes Sangermani, periodista.

El tema no es tanto si es legal o no el famoso almuerzo con los compañeros de facultad, sino más bien un asunto de coherencia con el relato.

Todos, quien más quien menos, entre presidentes, ministros y autoridades políticas, han usado recursos del Estado para este tipo de cosas: algunos de manera discreta y medida; otros, sin mucha vergüenza.

Los límites, hay que reconocerlo, son frágiles. ¿Qué supone exactamente la dignidad de la autoridad en el uso de ciertos recursos entregados por el Estado? Vehículos, choferes, cenas, gastos reservados, uso de dependencias públicas. Recuerdo siempre el caso de un ministro al que se le cuestionaba ir a dejar a su hijo al colegio en el auto fiscal que lo trasladaba desde su casa a la sede de gobierno. A veces nos ponemos más papistas que el Papa, y el uso marginal de ciertos recursos no debería suponer, por sí solo, el escarnio de los medios ni de la sociedad. ¿Se imaginan si tuviéramos monarquía?

Pero el tema es otro, a mi juicio mucho más relevante, porque finalmente el uso y abuso de los recursos públicos puede y debe normarse mejor. El asunto de fondo tiene que ver con algo bastante más importante. Se trata, una vez más, de un hecho político; una vez más, de las señales; una vez más, del relato; una vez más, de lo que entendemos por “lo público”.

Cuando el discurso de un gobierno pretende convencer a la ciudadanía —y con ese discurso, al menos, ganó la elección—, no respetar esa promesa equivale a defraudar la confianza ciudadana. El relato fue que Chile estaba en una crisis económica, que no había plata; por ahí incluso alguien dijo que el país estaba quebrado. Que la economía mundial estaba tan deteriorada que nuestro país, ya afectado por una pobreza estructural y un presupuesto siempre escaso, debía declararse prácticamente en emergencia. Y por eso se nos habló de un gobierno de emergencia: uno que apagara incendios, que obligara a apretarse el cinturón, porque no quedaban pesos en la caja pública y los ministerios debían hacer un ajuste doloroso del tres por ciento en sus partidas.

Y esas partidas no son solo eventuales excesos de viáticos o malgastos, a veces naturales, en los organismos públicos. La mayoría de las veces son plata destinada a gastos sociales, algunos urgentes y otros derechamente impostergables: salud, presupuesto para hospitales, seguridad —con la que a muchos se les llena la boca—, educación, hoy además golpeada por una crisis psicológica severa, y un largo etcétera que se vería perjudicado por la escasez de liquidez nacional y por la crisis global que, para más ironía, ayudó a propiciar ese líder mundial que tanta simpatía provoca al festejado del almuerzo.

Pues bien, organizar un almuerzo para setenta u ochenta personas, todos exalumnos de Derecho de la Pontificia Universidad, más allá de si se usaron muchos, pocos o ningún recurso fiscal, y hacerlo además en este contexto social, económico y político, para que luego las selfies de sana algarabía festiva circulen por redes sociales, supone al menos una bofetada al sentido común. Es un tremendo autogol de media cancha de un gobierno que, bajando en las encuestas de aprobación, necesita precisamente lo contrario: aunar esfuerzos, entregar credibilidad, al menos simular austeridad, ser coherente con su discurso.

Peor aún: ¿cómo no se les ocurrió? ¿No hay gente que advierta esta paradoja? ¿No hay asesores? ¿No saltaron previamente las alertas? ¿A nadie le avergonzó un almuerzo así en La Moneda, el máximo referente simbólico de la política chilena y, por lo mismo, la marca indeleble de lo que debiera ser un comportamiento institucional acorde con las expectativas y exigencias de un gobierno?

No, aquí se trata de una forma de mirar desde la élite la vida pública como si todo esto fuera normal. De una normalidad sin empatía. De no comprender la dimensión de clase que subyace en estos gestos. De convertirse, al final, en los sinvergüenzas de la normalidad.

Ya le pasó a Piñera sentando a sus hijos en una reunión cumbre en China con autoridades económicas de ese país, cuando era presidente, o cuando consideró normal nombrar a su propio hermano embajador en Argentina. O cuando el ministro Felipe Larraín alegaba con total naturalidad que era perfectamente normal ir a con recursos del estado -que después tuvo que reembolsar- a una reunión de club en Harvard. Hay ejemplos por doquier.

Siempre es la misma lógica: la élite creyendo que sus códigos privados pueden trasladarse sin costo al espacio público, creyendo que ese espacio público, aquello que hoy detentan de manera transitoria, es parte consustancial de su mundo, una simple prolongación de su experiencia histórica y vital. Una clase que cree, finalmente, que lo que es de todos en realidad también es suyo; que no le ha sido prestado, que no es circunstancial, que no exige pudor ni contención, que les ha sido propio siempre.

Por eso también esa fe casi doctrinaria en que facilitar la inversión privada mediante la baja de impuestos a las empresas sería la clave del chorreo económico y del bienestar ciudadano, cae una y otra vez en el mismo pozo. El país puede crecer, modernizarse, exhibir cifras y discursos tranquilizadores, pero en una economía estructurada como la nuestra, buena parte de ese crecimiento y de esa modernización termina beneficiando, a mejor ritmo, a las mismas clases de siempre, mientras los sectores más vulnerables siguen viviendo su pobreza como si fuera una condición natural de su destino.

La selfie del almuerzo del presidente con sus compañeros de generación es, con seguridad, la señal más clara de un ethos que dificulta la conexión real con la gente, con las miserias del día a día, con las personas que, producto del alza de los combustibles y de la disminución inminente de recursos para fines sociales, seguirán permaneciendo como víctimas mansas del ensimismamiento de una clase política íntimamente ligada a la hegemonía histórica de los poderosos.

Porque al final eso es el almuerzo: una señal de que todo lo que se ha dicho en el relato de empatía con quienes sufren la delincuencia, la mala educación, la precariedad de la salud pública o la incertidumbre de la reconstrucción tras los incendios, no pasa de ser un discurso paternalista, poco empático y carente de convicción sincera.

Una vez más, las señales apuntan en dirección opuesta a lo que la ciudadanía esperaba —o creyó esperar— de las vagas y escurridizas promesas de un gobierno que termina actuando como si lo normal fuera brindar con champaña en medio de la crisis.