España aprueba reforma laboral

El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves una profunda reforma laboral pactada con empresarios y sindicatos del país sin los apoyos de la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez.

«Es la primera reforma laboral en 40 años que se mueve nítidamente en la dirección de recuperar y garantizar los derechos laborales, y este Gobierno se siente muy orgulloso de hacerlo», afirmó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante el debate en la Cámara baja del Parlamento español.

El real decreto ley quedó convalidado por 175 votos a favor y 174 en contra, según anunció al término de la votación la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

El Ejecutivo de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos logró una ajustada mayoría para convalidar la reforma después de que sus socios habituales rechazaran apoyar el texto.

Tanto el Partido Nacional Vasco (PNV) como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), formaciones nacionalistas de las regiones de País Vasco y Cataluña, votaron ‘no’ a la norma, que modifica varios aspectos de la reforma que el conservador Partido Popular (PP) impulsó en 2012.

No obstante, el Gobierno de Sánchez consiguió formar una mayoría alternativa a la de la legislatura, sin el PNV y ERC e incluyendo a los 9 diputados de la formación liberal de Ciudadanos.

En defensa de la reforma, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, que dirigió las negociaciones con los agentes sociales, aseguró que el gran objetivo de la reforma es «mejorar la vida de la gente» y que «nunca más el trabajo sea un reducto de inseguridad, miedos y explotación laboral».

Díaz destacó que, según los cálculos del Gobierno, con estos cambios en el mercado laboral «ocho millones de contratos pasarán a ser estables», a lo que añadió que «ocho millones de personas se merecen tener un trabajo decente».

La nueva reforma tiene el objetivo de corregir la excesiva temporalidad que caracteriza al empleo en España, con medidas para potenciar los contratos indefinidos y limitar las causas en las que se puede recurrir a los temporales.

También incide en la negociación colectiva, una demanda de los sindicatos, y refuerza los mecanismos que permiten a empresas mantener los puestos de trabajo en momentos de crisis a cambio de beneficios fiscales.

Además, con la nueva norma las empresas se enfrentarán a mayores sanciones por infracciones en la contratación, de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado.

Frente a la postura del Ejecutivo, desde ERC el diputado y portavoz Gabriel Rufián criticó que la reforma es un «retoque» de la de 2012, y acusó al PSOE y Unidas Podemos de «mentir» porque habían prometido derogarla.

Desde el PP, por su parte, la portavoz Cuca Gamarra defendió la reforma impulsada por su partido hace una década y calificó el decreto actual de «objetivamente malo» porque va «en el sentido contrario de las nuevas realidades» en el mercado de trabajo.(Sputnik)