Esperar para jubilar: la otra cara del incentivo al retiro docente

Desde hace algunos años, miles de docentes en Chile emprendieron el difícil camino hacia la jubilación confiando en una promesa estatal: recibir el bono de incentivo al retiro voluntario establecido en la Ley 20.976. Sin embargo, hoy esa promesa está en entredicho.

Según datos oficiales de la Subsecretaría de Educación, de un total de 6.914 postulantes a este bono, apenas 1.552 han recibido efectivamente la transferencia de los fondos. Es decir, más de 5.300 docentes en todo el país siguen esperando que el Estado cumpla lo prometido para poder jubilarse y dejar las aulas.

La situación es particularmente crítica en la Región Metropolitana, donde solo 320 docentes han recibido el beneficio. Otro dato preocupante: las transferencias correspondientes a los procesos de 2022 y 2023 no han sido realizadas; siguen atrapadas en la burocracia estatal.

Este retraso afecta directamente la calidad de vida de profesoras y profesores que ya cumplieron su ciclo laboral y tomaron la difícil decisión de retirarse. La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que hay docentes que pueden llegar a esperar hasta cinco años su jubilación, superando con creces la edad legal de retiro (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres).

El bono, cuyo monto máximo a marzo de 2025 asciende a $32.240.274, no es un regalo: es una herramienta de justicia laboral que reconoce décadas de servicio público y entrega pedagógica. Es, también, una de las pocas garantías que el Estado otorga al profesorado para enfrentar una vejez digna.

Desde el Regional Metropolitano hemos acompañado estos procesos desde su origen. Hemos asesorado a los docentes en su postulación, guiado sus trámites y exigido celeridad a las autoridades responsables. Sabemos que el sistema es engorroso y burocrático y que muchas veces las demoras se explican por problemas administrativos. Pero también sabemos que detrás de cada número hay una persona que espera respuesta, bajo la incertidumbre más absoluta e intolerable.

Resulta inaceptable que la lentitud del Ministerio de Educación y la falta de ejecución por parte de algunos sostenedores sigan postergando el derecho al retiro digno. A ello se suma el límite de cupos anuales, que restringe el acceso a este beneficio incluso para quienes cumplen todos los requisitos: edad, renuncia voluntaria, años de servicio, carga horaria y postulación en los plazos estipulados.

El Estado debe garantizar no solo el derecho a jubilar con dignidad, sino también la transparencia y eficiencia en el cumplimiento de las leyes que él mismo promulga. En ese sentido, urge una revisión profunda del proceso de asignación y transferencia de los fondos, así como una calendarización clara y pública de los pagos pendientes.

El profesorado chileno ha sostenido la educación pública en contextos difíciles, muchas veces sin los recursos ni el reconocimiento que merece. Lo mínimo que podemos exigir como gremio es que las y los docentes que ya cumplieron su ciclo no vean vulnerados sus derechos justo al momento de retirarse.

Desde el Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, reafirmamos nuestro compromiso con esta causa y llamamos a las autoridades a actuar con la urgencia que este tema requiere. Porque sin transferencias no hay retiro digno. Y sin retiro digno, no hay justicia para quienes han dedicado su vida a educar.