Dueños del terreno de megatoma en San Antonio solicitan activar desalojo
La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. criticó: “Jamás hubo una entidad dispuesta a financiar la operación; de la garantía, el ministerio ahora declara que es imposible que sea entregada; y sobre el precio no ha habido negociación alguna".
Tras la fallida mesa técnica entre el Gobierno y la inmobiliaria San Antonio, por la compraventa de los terrenos en los que radica una megatoma, los dueños del lugar solicitaron activar los protocolos para solicitar el desalojo.
A través de un comunicado, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. informó que decidió “activar la solicitud de desalojo de su terreno usurpado, en la comuna de San Antonio, dispuesto por fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificado por la Corte Suprema”.
Por otra parte, lamentaron “la actitud del Ministerio de la Vivienda”, acusándolo de haber “dilatado durante más de seis meses las conversaciones técnicas sin proponer ninguna alternativa viable de solución para la empresa y para las personas que mantienen una ocupación ilegal de nuestro terreno a lo largo de seis años, desde octubre de 2019”.
“Nos condolemos de las familias que esperaron una solución a su problema habitacional, pero el gobierno no puede pretender que sea una empresa privada la que financie, a costa de su patrimonio, una política habitacional”, indicaron.
Si bien destacaron que aceptaron “postergar el desalojo con la instalación de una mesa técnica”, criticaron que la firma del protocolo “desde un inicio fue letra muerta”.
“Jamás hubo una entidad dispuesta a financiar la operación; de la garantía, el ministerio ahora declara que es imposible que sea entregada; y sobre el precio no ha habido negociación alguna. El ministerio solo pretende que los propietarios accedamos al precio que las familias puedan pagar, más allá de los valores comerciales y de nuestros legítimos intereses», criticaron.
Con ello, dijeron lamentar “profundamente que hoy se desdigan de todo lo que dos ministros de Estado firmaron en febrero. Todo este proceso -al final de cuentas- fue conducido por el ministerio para ganar tiempo, levantando falsas expectativas tanto para los tomadores del terreno como para los propietarios”.
“Hoy se quiere poner el foco en el precio, haciendo parecer a los privados como intransigentes por no querer rebajar hasta el absurdo el valor de su terreno”, cierra el comunicado.
