ONU amplía a 158 las empresas vinculadas a asentamientos israelíes

Naciones Unidas ha ampliado este viernes a 158 la lista de empresas vinculadas al desarrollo de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, considerados ilegales en virtud del Derecho Internacional, una ‘lista negra’ en la que se incluyen cuatro compañías españolas.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha añadido 68 nuevas empresas en su lista por «suministrar equipo o materiales que faciliten la construcción y el mantenimiento de los asentamientos, las demoliciones de casas o propiedades palestinas, así como las actividades de vigilancia, el uso de recursos naturales para fines comerciales o contaminación y el vertido de desechos en aldeas palestinas.

En concreto, notificó por escrito a las entidades afectadas –relacionadas fundamentalmente con los sectores de la construcción, los bienes raíces, la minería y las canteras– los resultados de su evaluación preliminar. De las 215 compañías investigadas, 158 de ellas participaban en dichas actividades.

Si bien la gran mayoría son de Israel, otras muchas tienen su sede en Canadá, China, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido o Estados Unidos.

ACS E INECO SE DESMARCAN

En el caso de las españolas, las empresas que figuran en el listado son Actividades de Construcción y Servicios (ACS); Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI); Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco).

Fuentes de ACS consultadas niegan tener contratos en la zona, ni en la Palestina ocupada ni en Israel, y atribuyen su mención en el listado a antiguas filiales industriales que vendió al grupo francés Vinci.

De hecho, SEMI es una de esas empresas que hace cuatro años vendió a Vinci (por lo tanto, con matriz francesa), y curiosamente el listado de la ONU atribuye las mismas ‘infracciones’ a ACS y SEMI: «el uso de recursos naturales, principalmente de agua y suelo, para su negocio» en territorio ocupado.

Desde Ineco también rechazan tener vínculos con contratos en territorio ilegal, sino solo en territorios reconocidos internacionalmente de la parte israelí. Explican que su inclusión puede deberse a que trabaja en una línea de tranvía que sí llega a territorio ocupado, pero precisan que Ineco solo diseña un túnel en esa línea en la parte legal.

Además, la empresa dependiente del Ministerio de Transportes asegura que desde octubre de 2023 (tras el atentado de Hamás y la respuesta de Israel) ha iniciado un proceso de desvinculación con la Administración y empresas israelíes, rechazando expresamente participar en nuevos pedidos.

En cuanto a la vasca CAF, que tiene capital público del Gobierno vasco, sí participa en un tranvía que discurre por la zona ocupada. Esta semana se adelantó a la publicación de esta lista para defender que respeta los derechos humanos en Palestina.

Su competidor francés Alstom, que antes sí estaba incluida en la lista –lo que le ocasionó su descalificación de un proyecto en Barcelona–, ya ha salido de la misma, al no tener presencia en Cisjordania.

EDREAMS TAMBIÉN SALE

Otras empresas conocidas que figuran son TripAdvisor, Booking.com, Expedia Group, Motorola Solutions o Airbnb, todas ellas con sede en Estados Unidos. Además, siete que se encontraban en la ‘lista negra’ en 2023 –la última vez que se actualizó– han sido eliminadas, entre ellas la española eDreams o Alstom.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha explicado que la lista pone de manifiesto «la responsabilidad de las empresas que trabajan en contextos de conflicto para garantizar que sus actividades no contribuyan a abusos de los Derechos Humanos».

«Los Estados deben adoptar medidas apropiadas para garantizar, por medios judiciales, administrativos, legislativos u otros medios, que cuando se produzcan abusos de Derechos Humanos relacionados con las empresas dentro de su territorio y/o sujetos a su jurisdicción, los afectados tengan acceso a recursos efectivos, compatibles con el Derecho Internacional», ha indicado Turk.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en julio de 2024 que la política de asentamientos israelíes es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas, constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional. En virtud de ello, ordenó el «cese inmediato» de cualquier procedimiento de expansión, una decisión no acatada por las autoridades israelíes.