¿Es posible prohibir una plataforma en 2025?

Por estos días, cuando la justicia chilena ha ordenado a los proveedores de internet bloquear el acceso a las casas de apuestas online, cuesta no preguntarse: ¿es posible, en pleno 2025, prohibir una plataforma?

La respuesta, al menos desde la técnica, es sí. Desde lo social, lo legal y lo político, es otra historia.

La medida apunta a las casas de apuestas que operan sin regulación en Chile. El debate no es nuevo, pero la decisión de un tribunal civil de hacer efectiva una especie de «apagón digital» ha abierto una puerta que conviene mirar con atención. Porque si mañana una aplicación como Uber —aún al margen de marcos normativos formales— vuelve a ser cuestionada, ¿se aplicará la misma lógica? ¿La justicia también pedirá bloquearla?

No se trata de defender la legalidad o moralidad de las apuestas en línea. Eso corresponde al Congreso y a la discusión democrática. Lo preocupante es que, ante la falta de decisiones legislativas, el poder judicial termine estableciendo un criterio que puede usarse de forma extensiva y arbitraria. Hoy son los juegos online, mañana podría ser cualquier otra plataforma considerada «no legal», sin que medie deliberación pública o una ley clara que lo respalde.

En este siglo, los desafíos del Estado no pasan por censurar o bloquear, sino por regular con inteligencia, con visión de futuro y con respeto a las libertades fundamentales. Prohibir plataformas es como intentar tapar el sol con un dedo. Si el Estado quiere combatir prácticas ilegales o nocivas, debe hacerlo con herramientas modernas, con fiscalización efectiva, con normativas claras y con transparencia.

Lo contrario —el castigo anticipado, la censura, el cierre sin previo debate— nos retrotrae a un país que quiere controlar el acceso a la información como si aún estuviéramos en los años 90, cuando Internet era un privilegio de pocos.

Hoy las plataformas son parte del ecosistema de vida. Algunas pueden ser dañinas o polémicas, otras fundamentales para la economía informal o la conectividad de regiones. La tarea del Estado no es vetarlas ni invisibilizarlas, sino entenderlas, intervenirlas si es necesario y ofrecer garantías para que los derechos de todos se respeten.

De lo contrario, el próximo paso será bloquear redes sociales, podcasts, newsletters… todo lo que escape al control tradicional. Y cuando eso ocurra, no serán solo las apuestas las que estén en juego, sino la libertad misma de vivir y expresarse en democracia.