Cámara aprueba proyecto que reconoce a DD.DD en dictadura como “ausentes por desaparición forzada”

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, en su tercer trámite legislativo, el proyecto que reconoce jurídicamente a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar. La iniciativa fue respaldada por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, y quedó lista para su promulgación como ley de la República.

El proyecto establece la calificación de “persona ausente por desaparición forzada”, lo que implica el reconocimiento por parte del Estado de que la víctima fue privada de libertad por agentes estatales o personas que actuaron con su consentimiento, seguida de la negativa a informar su paradero, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

La moción fue impulsada por las diputadas Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo, Carmen Hertz, Camila Musante y Emilia Nuyado, junto a los diputados Tomás Hirsch, Jaime Naranjo, Alberto Undurraga y Ericka Ñanco.

En línea con el Plan Nacional de Búsqueda, la nueva figura permitirá una reparación simbólica para las familias de las víctimas, quienes podrán solicitar un certificado del Registro Civil que acredite que su familiar se encuentra inscrito en el nuevo Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada (PADF).

Este registro será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación e incluirá a las personas mencionadas en informes oficiales como:

• Comisión de Verdad y Reconciliación.

• Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

• Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

• Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos.

• Otros organismos creados o reconocidos por ley, además de sentencias judiciales que determinen la desaparición forzada.

Cada inscripción consignará datos como el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, edad al momento de la desaparición y las circunstancias en que se produjo la detención o secuestro.

La Cámara había aprobado la iniciativa en diciembre de 2024, mientras que el Senado ratificó el texto con una modificación: la eliminación de las facultades administrativas que permitían a la Subsecretaría de Derechos Humanos incluir nuevos casos. Este criterio fue respaldado por la Cámara, despachando así el proyecto a ley.