Formalizan a fiscal Carlos Palma por revelar información reservada en causa por narcotráfico

El suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, fue formalizado este viernes por el delito de revelación de secreto en una causa por tráfico de drogas. El Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó como medida cautelar el arraigo nacional y fijó un plazo de investigación de 120 días.

La causa en su contra surge porque, según la investigación, Palma habría entregado información reservada de una indagatoria por infracción a la Ley 20.000, relacionada con tráfico de drogas, al abogado Luis Hermosilla. Esto habría ocurrido el 20 de octubre de 2022, cuando el entonces fiscal regional compartió detalles del procedimiento —incluyendo la identidad de los intervinientes y una grabación telefónica obtenida con autorización judicial— a través de WhatsApp.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lidera la investigación, explicó que “en el Tribunal de Garantía de Coyhaique hemos procedido a formalizar al imputado Carlos Palma Guerra por la filtración de información reservada en el marco de una causa por tráfico de drogas que se estaba investigando en la Región de Aysén, lugar donde Guerra ejercía como fiscal regional”.

La formalización se concretó luego de que la Corte Suprema confirmara la querella presentada por la Fiscalía de Los Lagos, respaldando la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que permitió avanzar en el proceso judicial contra Palma.

Por su parte, el defensor público Cristian Cajas, representante de Palma, aseguró que su cliente no cometió delito alguno. “No existe delito de parte de nuestro representado y esto en base a fundamentos muy concretos. En primer lugar, la investigación por Ley 20.000 que se llevaba a cabo no era reservada (…). No hubo perjuicio para la investigación, porque los nueve imputados de esa causa fueron formalizados, quedaron en prisión preventiva y posteriormente fueron condenados”, afirmó.

La fiscal Wittwer recalcó que la formalización fue posible gracias a la resolución de la Corte Suprema, la cual acreditó que Palma entregó antecedentes de una causa penal a personas no autorizadas, vulnerando el deber de reserva que tiene el Ministerio Público.