A seis años del Estallido Social: Fiscalía contabiliza más de 35 mil delitos y sobre 20 mil víctimas

A seis años del las masivas movilizaciones en todo el país, la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, y la directora de la Unidad de Derechos Humanos, Alejandra Seguel, presentaron el Informe Estadístico del Estallido Social que da cuenta de las cifras en torno a esta época.

El documento consigna que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, se registraron 32.901 casos, correspondientes a 35.146 delitos, involucrando a 21.766 imputados conocidos y 20.727 víctimas.

“Frente a este escenario excepcional, se hace imperativo contar con información actualizada y transparente”, dijo el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien, además, aseguró que “el sistema penal se vio desafiado no solo por el volumen de casos, sino también por la complejidad y gravedad de los delitos”.

El reporte precisa que el 46,9% de los delitos se concentró en la Región Metropolitana, con predominio de hechos de violencia institucional, saqueos y desórdenes públicos. Entre las estadísticas, destacan 11.500 causas por apremios ilegítimos, 464 víctimas de trauma ocular y una tasa de condenas del 14,3% en delitos con imputado conocido en causas de Derechos Humanos.

El peak nacional se produjo el 20 de octubre de 2019, un día después del decreto de Estado de Emergencia, con 2.420 delitos en 24 horas.

Más de 11 mil delitos por violencia institucional

Los delitos del periodo fueron divididos en seis categorías: violencia institucional, maltrato contra agentes del estado, contra la propiedad y saqueos, desórdenes públicos y delitos de incendio.

Según lo anterior, el informe revela que los delitos de violencia institucional ejercida por agentes del estado corresponden a 12.002 y delitos contra la propiedad y saqueos 11.156, concentrándose estos durante las dos últimas semanas de octubre de 2019. Además, figuran 7.965 delitos de desordenes públicos.

Respecto al fenómeno de “violencia institucional”, Fiscalía indicó que delitos de apremios ilegítimos (70,4%) y otro 20% a abusos contra particulares. Hubo además 211 casos de torturas, 226 lesiones graves y 35 homicidios atribuidos a funcionarios públicos. En Santiago y Providencia se concentró más de la mitad de estos hechos.

En Santiago y Providencia se concentró más de la mitad de estos hechos 54,5%, siendo “el eje Alameda–Providencia fue el punto más crítico”. Además, el 91% de las causas está concluida y solo el 4% terminó en una salida judicial. Por otra parte, el 70% fue archivada sin juicio.

Carabineros lesionados y maltrato a la autoridad

Fiscalía también dio cuenta de 3.293 delitos de maltrato contra agentes del Estado. 53,6% correspondió a maltrato de obra, seguido por atentados o amenazas contra la autoridad (18,1%). Hubo 37 funcionarios que sufrieron lesiones gravísimas, principalmente por objetos contundentes (54%) y armas de fuego (13%).

Comunas más afectadas

Por otro lado, los ingresos registrados en la Región Metropolitana, la comuna de Providencia fue la que concentró la mayor cantidad de desórdenes públicos y otros (con 431 delitos), seguido por las comunas de Santiago (con 338 delitos), la comuna de Puente Alto (con 243 delitos) y la comuna de Maipú (con 219 delitos)

El informe consigna 11.143 delitos de saqueo y daños a la propiedad, equivalentes al 31,7% del total, junto con 8.000 delitos de desórdenes públicos (22,7%).

Las comunas de Macul, Las Condes y La Florida lideraron los registros de delitos contra la propiedad, con hasta un 70% de sus denuncias en esa categoría.

Según los mapas incluidos en el informe la Alameda, Plaza Baquedano, Providencia y Ñuñoa formaron el epicentro del estallido.

Siete muertes atribuidas a “violencia institucional”

Durante el período correspondiente al estallido social, ingresaron denuncias correspondientes a fallecimientos ocurridos dicho contexto. La cantidad de víctimas pesquisadas en estas denuncias alcanzan a 30 personas.

En cuanto al fenómeno específico en que se produjeron estas muertes, el mayor número de fallecimientos están relacionados con incendios (14); en segundo lugar, se producen en el contexto de delitos de desórdenes públicos (9), específicamente provocado entre particulares; y, en tercer lugar, corresponden a fenómeno de violencia institucional (7), en los cuales se inicia investigación por alguna acción u omisión de agentes del Estado.

El documento también destaca 464 víctimas de trauma ocular, de las cuales 230 sufrieron pérdida parcial o total de visión. En el 84% de los casos, las lesiones fueron provocadas por proyectiles disparados por agentes del Estado.

Respecto a estos delitos, el 91% de las investigaciones ya están concluidas y el 14,3% de los delitos con imputado conocido derivó en condenas.