Conoce los nombres de los 11 periodistas cuyos teléfonos la Fiscalía intentó intervenir en el caso Hermosilla
La fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, solicitó autorización para acceder a los registros de llamadas, datos móviles y georreferenciación de 11 periodistas de cinco medios. Los tribunales rechazaron la solicitud por vulnerar el secreto profesional protegido por la Ley de Prensa.
En un hecho sin precedentes, la fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago autorización judicial para intervenir datos telefónicos de 11 periodistas que han investigado el caso Hermosilla, con el fin de identificar a las fuentes que filtraron información del abogado Luis Hermosilla, imputado por cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y delitos tributarios.
La petición, presentada en tres ocasiones —la primera el 27 de agosto de 2025—, fue rechazada tanto por el tribunal de garantía como por la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideraron que la medida afectaba el secreto profesional de los periodistas, un derecho protegido por la Ley de Prensa chilena.
Los periodistas incluidos en la solicitud
Según reveló Reportea, el listado presentado por la fiscal incluía nombres, RUT, números de teléfono y compañías de servicio de los siguientes periodistas:
- Francisca Skoknic (La Bot)
- Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual CIPER)
- Nicolás Cerpa (ex The Clinic)
- Leslie Ayala (La Tercera)
- Catalina Olate (CIPER)
- Benjamín Miranda (CIPER)
- Francisca Soto (CIPER)
- Daniel Meza (CIPER)
- Paulina Toro (CIPER)
- Macarena Segovia (CIPER)
- Nicolás Sepúlveda (ex CIPER y The Clinic, actualmente en Reportea)
El requerimiento buscaba acceder al registro de llamadas entrantes y salientes, la georreferenciación de los equipos celulares y el tráfico de datos móviles, lo que habría permitido conocer los lugares donde se desplazaron los reporteros entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.
Intento de rastrear fuentes
El objetivo declarado por Díaz Obilinovic era determinar si alguno de los fiscales con acceso a los chats de Hermosilla se había comunicado o reunido con los periodistas. Para ello, incluyó también en su solicitud los números de siete fiscales, entre ellos Eugenio Campos, jefe de la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público.
De haberse aprobado, la Fiscalía Occidente habría tenido acceso a información confidencial que vulnera el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes, consagrado en la legislación chilena.
Críticas y silencio institucional
Ni la Fiscalía Occidente ni la Fiscalía Nacional respondieron a las consultas de Reportea. Desde el nivel central solo se indicó que las diligencias son responsabilidad exclusiva de las fiscalías regionales.
La primera alerta sobre la existencia de la solicitud fue publicada por Interferencia el 4 de noviembre, cuando se conoció que tanto el tribunal como la Corte rechazaron las medidas intrusivas por considerar que los periodistas eran “terceros o testigos” y que no existían antecedentes que justificaran una acción de ese tipo.
La resolución del tribunal subrayó que no había “antecedentes válidos o relevantes” que indicaran un comportamiento ilegal por parte de los fiscales o los periodistas mencionados.
La polémica solicitud reabre el debate sobre los límites entre la labor del Ministerio Público y la libertad de prensa, en un caso que ya ha sacudido la política y el sistema judicial chileno.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.