Perú confirma expulsión de encargada de negocios de México en Lima

El Gobierno peruano rompe relaciones con México tras el asilo otorgado a la ex primera ministra Bettsy Chávez y plantea modificar la Convención de Caracas para evitar su “uso indebido”.

El Gobierno de Perú confirmó este domingo que la encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, Karla Ornelas, abandonó el país en cumplimiento de la orden de expulsión dictada por el Ejecutivo, en medio de la crisis diplomática generada por el asilo concedido por México a la ex primera ministra Bettsy Chávez, procesada por rebelión tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022.

“En la fecha y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de México realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones a través de la red social X.

El conflicto bilateral escaló luego de que el Ejecutivo de José Jerí decidiera romper relaciones diplomáticas con México a comienzos de la semana, tras conocerse la decisión de las autoridades mexicanas de otorgar asilo político a Chávez.

El Ministerio de Exteriores peruano señaló que, tras analizar la solicitud de salvoconducto presentada por México, determinó que se ha producido “una evolución negativa” en la aplicación de la Convención de Caracas, que regula el asilo político. Según la Cancillería, en los últimos años se ha hecho “un uso indebido” de la norma, calificando delitos comunes como casos de persecución política, lo que “desnaturaliza la esencia de la Convención”.

Por ello, el Gobierno peruano anunció que presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta de modificación de la Convención, adoptada en 1954, “para evitar que esta tergiversación continúe ocurriendo”.

La ruptura diplomática se produce menos de dos meses después de que la Justicia peruana impusiera restricciones a Bettsy Chávez, obligándola a permanecer en Lima y a someterse a controles biométricos semanales por riesgo de fuga. La ex jefa de Gobierno había sido recluida en prisión preventiva en 2023 por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, aunque fue liberada recientemente por orden del Tribunal Constitucional tras una huelga de hambre.

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El Periodista