Ministra Paola Plaza condena a exagentes de la DINA por secuestros y torturas en Londres 38

La ministra en visita de causas por violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado de 15 prisioneros y prisioneras políticas, quienes fueron detenidos y trasladados al centro de detención de Londres 38 entre enero y septiembre de 1974.

En la sentencia (Rol 75-2016 Cuadernos A, B y C), la magistrada condenó a Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio como autor de los secuestros calificados de Osvaldo Zamorano Silva, Viola Todorovic Gallo, Mario Aguilera Salazar, Silvia Vergara Rifo, Fredy Salgado Urriola, René Altamirano Cornejo, Óscar Troncoso Muñoz, Atenas Caballero Nadeau, Juan Carlos Caballero Nadeau, Samuel Houston Dreckmann, René Lizama Lira, Mario Artigas Contreras y Blanca Rosas Bustos Reyes, además de la sustracción de menores de Mónica Alvarado Inostroza y Hugo Chacaltana Silva.

Asimismo, Nelson Alberto Paz Bustamante fue condenado a cinco años y un día de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de Mario Aguilera Salazar.

La investigación estableció que, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el régimen militar implementó una política de persecución y represión generalizada contra opositores y personas consideradas “perniciosas” para sus objetivos. En este contexto, la DINA se constituyó como un organismo represivo, clandestino y autónomo, encargado de detener y neutralizar a los opositores del régimen.

La ministra detalló que Londres 38, conocido también como “Cuartel Yucatán”, fue utilizado por la DINA entre diciembre de 1973 y septiembre de 1974 como centro de detención, interrogatorios y tortura. En el recinto operaban brigadas como Caupolicán y Purén, integradas por grupos operativos (Halcón, Águila, Cóndor, Tucán, Puma, Chacal, Ciervo y Leopardo), todos bajo una estructura jerarquizada y con conocimiento de las autoridades superiores.

“Cientos de personas permanecieron ilegalmente privadas de libertad en este lugar, donde fueron sometidas a torturas, ejecuciones o desapariciones forzadas”, señala el fallo.

En el ámbito civil, el tribunal condenó al Fisco de Chile a pagar indemnizaciones a las víctimas por los daños sufridos como consecuencia de estos delitos de lesa humanidad.