Demagogia en el proceso electoral

Por Christian Slater E., coronel (R) del Ejército

Resulta triste y profundamente preocupante constatar el nivel de ciertos candidatos presidenciales que, lejos de elevar el debate público, recurren a frases efectistas, propuestas temerarias y un lenguaje impropio para quien aspira a dirigir el país. Más inquietante aún es observar cómo un sector de la ciudadanía celebra estas salidas de libreto sin advertir el riesgo que implica confiar en quienes reducen la política a un espectáculo.

Pareciera que, una vez más, cada candidato termina rodeado de los votantes que él mismo genera. Pero no deja de alarmar la facilidad con que un discurso simplista y emocional puede convencer a quienes no han tenido la educación, el criterio o la experiencia para distinguir entre una propuesta seria y un acto de mera demagogia.

En días recientes, un candidato afirmó públicamente que ordenaría el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior y que destituiría a cualquier alto mando que no acatara sus instrucciones, utilizando expresiones inaceptables para referirse a almirantes y generales de la República. Frente a ello, y entendiendo que las Fuerzas Armadas y Carabineros no pueden intervenir en debates políticos, corresponde esperar —e incluso exigir— una respuesta clara de la Ministra de Defensa. Su silencio, en este contexto, sería una señal preocupante respecto del respeto institucional que el país requiere.

Este episodio ofrece, además, una oportunidad para recordar algo que el debate público parece olvidar: es el poder político, no los militares, quien ha sido incapaz durante años de asumir su responsabilidad en la elaboración de Reglas de Uso de la Fuerza claras, modernas y adecuadas a cada circunstancia. Esa omisión es la que mantiene a nuestros soldados y carabineros expuestos a la inseguridad jurídica, al riesgo personal y a la persecución posterior cuando actúan en defensa del orden público.

Pretender que un general, un almirante o cualquier mando operacional ordene a su personal salir a la calle sin contar con el debido respaldo legal, político y judicial no solo sería irresponsable: sería exigirles traicionar el deber más básico que tienen, que es proteger la integridad y la vida de la tropa bajo su mando. Ningún comandante serio enviaría a su personal a una misión que sabe que el poder político no respaldará, que puede ser cuestionada por el poder judicial y que, además, será objeto de múltiples denuncias ante organismos de derechos humanos.

¡No, señores! Háganse cargo de lo que ustedes mismos han establecido en la Constitución: es el poder político el responsable del destino del país. No los militares. La seguridad, el orden público y el marco jurídico que los regula son tareas indelegables del Estado y de sus autoridades civiles, no un comodín para culpabilizar a la institución armada cuando fallan las decisiones políticas.

Chile necesita un debate serio, responsable y con altura de miras. La ciudadanía merece soluciones, no bravatas de campaña ni promesas que trasladan la responsabilidad a quienes, por mandato constitucional, deben mantenerse fuera de la contienda política.