HRW acusa a Israel de cometer “crímenes de guerra” por desplazamiento masivo de palestinos en Cisjordania

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó este jueves a Israel de cometer “crímenes de guerra y de lesa humanidad” durante las operaciones militares desarrolladas desde enero en tres campamentos de refugiados de Cisjordania, donde —según la ONG— 32.000 palestinos fueron desalojados de sus viviendas y se les ha impedido regresar.

“Las autoridades israelíes desalojaron a principios de 2025 a 32.000 palestinos de sus casas en los campos de refugiados de Cisjordania sin respetar las protecciones del derecho internacional”, afirmó Nadia Hardman, investigadora senior de HRW. La organización sostiene que, mientras la atención internacional se concentraba en Gaza, Israel llevó a cabo en Cisjordania “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y una limpieza étnica”.

HRW llamó a la comunidad internacional a actuar con urgencia para frenar la escalada represiva, imponer un embargo de armas a Israel, suspender acuerdos comerciales, prohibir el comercio con asentamientos ilegales y respaldar las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant.

Operación “Muro de Hierro”

El informe, de 105 páginas, detalla la operación militar israelí denominada “Muro de Hierro”, desplegada en los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams desde el 21 de enero, días después del anuncio de un alto el fuego temporal en Gaza.

La ONG entrevistó a 31 palestinos desplazados y analizó imágenes satelitales, órdenes de demolición y registros audiovisuales. Según estas evidencias, las fuerzas israelíes irrumpieron en los campamentos con helicópteros Apache, drones, excavadoras y vehículos blindados, ejecutando demoliciones masivas de viviendas: más de 850 casas destruidas o dañadas en seis meses, cifra que aumenta a 1.460 edificios afectados según un análisis del Centro de Satélites de la ONU.

Los militares bloquearon todas las entradas a los campamentos, impidieron el retorno de los residentes y no proporcionaron refugio ni asistencia humanitaria. Muchos desplazados debieron alojarse temporalmente en casas de familiares, mezquitas, escuelas u organizaciones benéficas.

“Era como una película: soldados con máscaras, fuertemente armados. Uno me dijo: ‘Aquí ya no tienes casa, tienes que irte’”, relató a HRW una mujer de 54 años.

Exigencias de investigación y responsabilidades

La ONG pidió investigar a altos funcionarios israelíes vinculados a las operaciones, entre ellos el jefe del Comando Central, Avi Bluth; el exjefe del Estado Mayor Herzi Halevi; su sucesor Eyal Zamir; el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich; y el ministro de Defensa, Israel Katz.

HRW recordó que el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe el desplazamiento de civiles salvo por razones militares imperativas y obliga a permitir su retorno tan pronto cesen las hostilidades. A juicio de la organización, Israel “no ha aportado ninguna evidencia” que justifique la expulsión total de la población ni la prohibición de retorno.

La ONG también subrayó que estas operaciones se realizaron mientras Israel intensificaba la detención administrativa sin juicio, la expansión de asentamientos ilegales y la violencia de colonos en Cisjordania.

Los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams fueron establecidos por UNRWA en la década de 1950 para acoger a palestinos expulsados o forzados a huir tras la creación del Estado de Israel en 1948, y hoy vuelven a ser escenario de desplazamientos masivos en un conflicto que continúa profundizando la crisis humanitaria en los territorios ocupados.