Celular de abogada Leonarda Villalobos reveló lo que estaba oculto

Por Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad

Está claro que, con los crecientes adelantos tecnológicos, actualmente es más fácil detectar fraudes y violaciones a las leyes, lo que se demuestra con las tremendas consecuencias penales y administrativas de la subrepticia grabación que hizo con su aparatito mágico la abogada Villalobos en una reunión en la oficina de su colega Luis Hermosilla.

Están cayendo, día tras día, circunspectos jueces y juezas de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, notarios, abogados, conservadores de bienes raíces, parlamentarios que recibían dádivas de los anteriores para sus gastos de emergencia.

Al respecto, estamos seguros que las Fiscalías, con las rápidas asistencias del Cuerpo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, continuarán hallando a otros tantos poderosos cometiendo abusos y tropelías.

Pues bien, la fundación Defendamos la Ciudad, a través de nuestra persona, desde hace muchos años está asegurando por la prensa que casi todos los ministerios, municipalidades y los distintos servicios de la administración del Estado, sin importar el color político, tienden a no asumir sus responsabilidades, siempre dando nombres y ejemplos concretos, sin que existan respuestas por parte de los funcionarios denunciados. Ello se debe a que las posibles contestaciones darían pábulo a las inmediatas réplicas que acreditarían los deficientes comportamientos de aquellos en el ejercicio del poder político que ejercen.

Aunque no relacionado con el celular de Villalobos, hace un año, con la información de respaldo técnico que nos entregó la arquitecta Alejandra Bolados, proba funcionaria de la municipalidad de Calera de Tango, tuvimos que denunciar en la Contraloría General de la República innumerables irregularidades de todo tipo que se cometían allí, sorprendentemente con la autorización tácita de su alcaldesa (UDI), Hortensia Mora, allegada al presidenciable José Antonio Kast.

Recientemente, el 26 de noviembre, recibimos el completo Informe Final de Observaciones N° 213/2025, de la Contraloría, en el cual se deja de manifiesto que la auditoría realizada como consecuencia de la denuncia, detectó situaciones muy graves, propias de la ignorancia funcionaria y/o del desinterés en cumplir las leyes y reglamentaciones. Como un hecho hasta anecdótico, por lo burlesco, dicha alcaldesa destituyó a la profesional Bolados, quien en conocimiento del mencionado Informe de 120 páginas del ente fiscalizador, suponemos tendrá que ejercer las acciones judiciales en defensa de sus legítimos derechos.

Contraloría detecta construcciones sin permiso en Calera de Tango e inicia sumario por débil control urbanístico

A pesar de que ya nos hemos referido al caso del supermercado que una empresa desea construir en la comuna de Zapallar, recientemente la Corte Suprema emitió un fallo, ratificando una sentencia anterior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sobre los equivocados certificados de informaciones previas (CIP) cursados al interesado por la Directora de Obras Municipales (DOM) interina de ese balneario. Ella tenía conocimiento que el proyecto, por su carga de ocupación de suelo, era «menor», por lo tanto debía enfrentar obligatoriamente una vía «de servicio» y por tal motivo otorgó esos CIP truchos y aprobó un anteproyecto, dando por descontado que el terreno en donde se emplazaría el edificio cumplía con esa exigencia.

Cuando se supo que ello no era así, la DOM dejó sin efecto los aludidos CIP, sospechosamente sin invalidar el acto administrativo del anteproyecto, y el avispado privado, molesto por dicha decisión municipal, interpuso acciones judiciales en contra de ella, pues quería aprovecharse de su error, ya que la calle Januario Ovalle, por estar clasificada como «local», impedía la construcción de su proyecto. Por lo tanto, como la Justicia ya habló, el mencionado equipamiento comercial deberá reducir sustantivamente su carga de ocupación para que sea solo «básico» y así respetar la legislación vigente. Este columnista desconoce si la funcionaria municipal estaba confundida al cursar los CIP o bien intentó favorecer al inversionista, apostando a que nadie se iba a percatar de su ardid.

Tiempo atrás el colegio Saint George´s, localizado inicialmente en la comuna de Las Condes, hoy después del año 1992, comuna de Vitacura, subdividió su inmenso predio, arrendándole una parte a Cencosud, ello después del consabido cambio de uso de suelo en su Plan Regulador Comunal (PRC), para que la empresa arrendataria, experta en construcciones comerciales, edificara un moderno inmueble denominado «Centro Comercial Cenco Malls en Vitacura».

El proyecto fue objetado oportunamente, solo por razones de capacidad vial, por las municipalidades de Huechuraba y Vitacura, ello a pesar de que contaba con un Informe de Mitigación Vial (IMIV) y con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Ambos municipios sostienen, con justa razón, que no están dispuestos a asumir los futuros problemas de congestión vehicular en ciertas calles de sus comunas. El actual seremi de transportes, Rodrigo Valladares, acogiendo los fundados reclamos de los vecinos y de las autoridades de esas municipalidades, dejó sin efecto tal IMIV para que, en uno nuevo, se contemplen mayores y mejores medidas de mitigación. Recordemos que este tipo de Estudios son elaborados por los titulares de los proyectos y cuando contienen imperfecciones, son las comunidades las que sufren sus nefastas consecuencias.

Asociado a lo anterior, se debe tener presente lo que sucede en los sectores de San Carlos de Apoquindo y Los Domínicos de la comuna de Las Condes, cuyas autoridades irresponsablemente están densificando a más no poder, con las autorizaciones de miles de construcciones de condominios y edificios en altura para departamentos, universidades, colegios y últimamente su DOM, a través de una improcedente conducta funcionaria, le entregó una recepción final a la ampliación del estadio Claro Arena de la Universidad Católica, sin que ese recinto de alta carga de ocupación, que además lucra con actividades comerciales musicales, enfrente una vía expresa o troncal, como lo ordena la legislación vigente, materia denunciada en la Contraloría y en el propio ministerio de Transportes.

Como vemos, el desorden institucionalizado, mejor dicho el laissez faire, está muy activo para que el crecimiento económico no tenga trabas burocráticas y por ello, no nos extraña en absoluto que, en un eventual gobierno de Kast, su ministro de Hacienda sea el consultor de empresas, Jorge Quiroz, quien se especializa en emitir informes a favor de sus clientes, lo que ya ha realizado con la licitación de las cuotas de pesca y con las colusiones del pollo y de las farmacias.

Finalmente, se entiende que los celulares son artefactos de sumo riesgo para todos aquellos actores privados que les gusta sacar ventajas indebidas en los diferentes mercados y para los agentes públicos dispuestos a mirar para el lado.