Keiko Fujimori lanza su cuarta candidatura presidencial con promesas de “mano dura”

La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó este domingo que volverá a competir por la presidencia de Perú en las elecciones de 2026, el cuarto intento desde 2011 por alcanzar el cargo que ocupó su padre, Alberto Fujimori. Los comicios se desarrollarán en un escenario marcado por la profunda crisis política que atraviesa el país, que en menos de una década ha visto desfilar a nueve presidentes.

Fujimori presentó oficialmente su candidatura junto a Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes la acompañarán como vicepresidentes y figuran entre los rostros más visibles de su partido. En un clima de descrédito hacia la clase dirigente y ante la ausencia de figuras competitivas, la líder de Fuerza Popular apuesta nuevamente a posicionarse como alternativa, ofreciendo un mensaje centrado en el restablecimiento del orden y una política de “mano dura” frente a la creciente violencia e inseguridad.

La última encuesta de noviembre muestra que ninguno de los precandidatos —entre los que figuran también el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, Mario Vizcarra (hermano del expresidente Martín Vizcarra) y el humorista Carlos Álvarez— supera el 10% de apoyo. Un 30% de los encuestados, en cambio, prefiere votar en blanco, reflejo del nivel de desencanto ciudadano.

El plan de gobierno de Fujimori será revelado a mediados de diciembre, aunque ya adelantó que priorizará medidas estrictas contra la delincuencia. Su campaña deberá, sin embargo, enfrentar el desgaste acumulado por el rol de Fuerza Popular en el Congreso, especialmente por su apoyo a la presidenta Dina Boluarte, cuya destitución solo avanzó tras el aumento sostenido de la inseguridad.

Desde 2011, Keiko Fujimori ha sido la figura más influyente del Legislativo y ha quedado a las puertas de la presidencia en tres oportunidades, con márgenes estrechos en 2016 y 2021, cuyos resultados nunca terminó de reconocer del todo. Curiosamente, sus tres rivales en esas contiendas —incluido Ollanta Humala, su contrincante de 2011— terminaron en prisión por diversos casos, principalmente vinculados al financiamiento ilegal de campañas.

Aunque el Tribunal Constitucional archivó las investigaciones que pesaban sobre ella por presunto lavado de activos y organización criminal, la sombra de esas acusaciones aún la acompaña mientras intenta nuevamente consolidarse como opción presidencial en un país que sigue buscando estabilidad.