Europa rechaza petición de Kiev para suspender pacto que prohíbe minas antipersonales
Noruega, Austria, Bélgica y Suiza objetaron formalmente la solicitud ucraniana de suspender sus compromisos en la Convención de Ottawa, un tratado que prohíbe el uso y almacenamiento de minas antipersonales. La ONU advirtió que el acuerdo no contempla tal mecanismo y recordó que su cumplimiento rige incluso en tiempos de guerra.
Varios países europeos expresaron su rechazo oficial a la solicitud presentada por Ucrania para suspender temporalmente sus obligaciones en el marco de la Convención de Ottawa, el tratado internacional que prohíbe completamente el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales.
La vicesecretaria general de la ONU y alta representante para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, confirmó que Noruega, Austria, Bélgica y Suiza enviaron sus objeciones formales a la Oficina de Asuntos de Desarme (UNODA), mientras que otras naciones firmantes manifestaron “serias preocupaciones”.
El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarme (UNIDIR) calificó la solicitud ucraniana como una “fantasía” incompatible con el derecho internacional y recordó que la prohibición de minas antipersonales debe aplicarse incluso durante los conflictos armados.
Ucrania ratificó la Convención de Ottawa en 2005. El tratado, firmado en 1997 y en vigor desde 1999, reúne actualmente a 163 Estados y ha sido considerado un pilar del desarme humanitario. Sin embargo, en julio de 2025, el presidente Volodímir Zelenski anunció la salida del país del convenio, decisión que la ONU calificó como “alarmante”.
En paralelo, los países bálticos, Polonia y Finlandia también notificaron su retirada del tratado, en un contexto marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Nakamitsu recordó que la Convención no contempla ningún mecanismo para suspender sus obligaciones:
“Será una decisión de los Estados miembros”, señaló. “Pero desde el punto de vista jurídico, el documento no permite una suspensión de su vigencia”.
La reunión de revisión del tratado, que se desarrolla entre el 1 y el 5 de diciembre en Ginebra, concluirá con un documento final que recogerá la postura colectiva de los Estados parte.
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