India obligará a fabricantes a incluir app estatal de ciberseguridad en todos los móviles

La decisión, justifican las autoridades, busca combatir fraudes y delitos digitales, pero genera críticas por su potencial impacto en la privacidad. El Gobierno afirma que la aplicación ‘Sanchar Saathi’ podrá ser eliminada por los usuarios, aunque persisten las dudas.

El Gobierno de India ordenó este martes a los fabricantes de teléfonos móviles preinstalar en sus dispositivos la aplicación estatal de ciberseguridad ‘Sanchar Saathi’, una medida que busca frenar el fraude digital, los delitos cibernéticos y el uso de teléfonos robados para estafas. La instrucción, anunciada por el Ministerio de Telecomunicaciones, ha generado una ola de críticas desde sectores opositores y compañías tecnológicas, que advierten posibles riesgos para la privacidad y la libertad digital.

Según las autoridades, la app permitirá identificar intentos de ‘hackeo’, evitar operaciones fraudulentas y ayudar en la localización de móviles sustraídos. Sin embargo, el anuncio inicial provocó preocupación al trascender que el software no podría ser eliminado. En respuesta, el ministro de Comunicaciones, Jyotiraditya Scindia, aseguró que la información era incorrecta y que los usuarios podrán desinstalarla si así lo desean.

“Es como con el resto de aplicaciones. Cuando compras un teléfono, muchos vienen con Google Maps. Si no quieres usarlo, lo puedes borrar”, afirmó el ministro citado por The Hindustan Times. No obstante, esta comparación abrió un nuevo flanco: Google Maps no puede eliminarse completamente en teléfonos Android, solo deshabilitarse, lo que mantiene las dudas respecto al real nivel de control de los usuarios sobre la nueva aplicación estatal.

Scindia defendió la medida señalando que aún “no todo el mundo sabe que existe una aplicación que puede protegerle del fraude” y que es obligación del Gobierno promover su uso. Pese a las aclaraciones, organizaciones de derechos digitales y opositores insisten en que la obligatoriedad de una app gubernamental preinstalada podría sentar un precedente preocupante en un país donde las políticas tecnológicas han sido cuestionadas por su alcance sobre la vida privada de millones de ciudadanos.

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El Periodista