Contratos opacos, multas por salir y riesgos trasladados al usuario: ODECU alerta prácticas abusivas en gimnasios

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, dio a conocer los resultados del estudio “Análisis jurídico de las prácticas contractuales y publicitarias en la industria de los gimnasios en Chile”, el cual evidencia un patrón de prácticas que afectan directamente los derechos de las personas consumidoras.

El análisis, financiado con recursos del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores, examinó contratos, reglamentos internos y prácticas comerciales de grandes cadenas de gimnasios con presencia nacional, identificando siete hallazgos principales que revelan un desequilibrio sistemático en perjuicio de los usuarios.

Principales hallazgos del estudio

1. Contratos que no se entregan antes de pagar: El estudio constató que no todos los gimnasios ponen a disposición del consumidor el contrato y sus reglamentos antes de la contratación. En estos casos, las personas se inscriben sin conocer por escrito las condiciones reales del servicio, vulnerando el derecho a información clara, veraz y oportuna.
2. Planes “mensuales” que esconden compromisos anuales: Se detectó que planes promocionados como mensuales implican, en la práctica, contratos de hasta doce meses, con renovación automática y permanencias encubiertas que no siempre se explicitan de manera destacada al contratar.
3. Multas elevadas por término anticipado: En varios contratos se establecen penalidades significativas para quienes deciden terminar antes del plazo, incluyendo retenciones que pueden alcanzar un porcentaje relevante del valor restante del contrato, lo que desincentiva el ejercicio del derecho a poner fin al servicio.
4. Riesgos por lesiones y accidentes trasladados al usuario: Se observó una tendencia a eximir al gimnasio de responsabilidad por lesiones, daños a la salud o accidentes, incluso tratándose de servicios que implican actividad física, uso de máquinas y deberes profesionales de seguridad y prevención.
5. Pérdidas y robos sin responsable efectivo: La mayoría de los contratos revisados excluye la responsabilidad del gimnasio por robos o pérdidas de pertenencias dentro de las instalaciones, aun cuando existen lockers y control de acceso, dejando al consumidor sin protección real.
6. Devoluciones de dinero prácticamente inexistentes: En algunos casos, las únicas causales aceptadas para reembolso son situaciones extremas como fallecimiento o invalidez permanente, excluyendo escenarios habituales como desempleo, cambio de ciudad o dificultades económicas.
7. Uso amplio de datos personales y biométricos: El estudio identificó autorizaciones extensas para el uso de datos personales y biométricos con fines comerciales, de marketing o cesión a terceros, sin distinguir claramente qué información es indispensable para prestar el servicio y cuál no.

Gimnasios con mayores problemas detectados por el estudio

Si bien todas las cadenas analizadas presentan aspectos que requieren mejoras, el nivel de gravedad y riesgo para las personas consumidoras no es homogéneo.

Upgrade (Pacific): Es la cadena que presenta los problemas más graves en materia de transparencia contractual. El estudio constató que sus contratos y reglamentos no se encuentran disponibles antes de la contratación, ni en formato físico ni digital. Esto impide conocer condiciones esenciales como duración del plan, multas, causales de término, congelamientos o responsabilidades, obligando a contratar sin información suficiente.

Sportlife: Presenta contratos altamente rígidos y restrictivos, especialmente en materia de término anticipado y devoluciones de dinero. El reglamento interno actúa, en la práctica, como un contrato de adhesión con escasas posibilidades de salida para el consumidor. Solo se aceptan devoluciones en causales extremas, como fallecimiento o invalidez permanente, y el gimnasio se reserva amplias facultades para modificar condiciones, terminar contratos o expulsar socios sin devolución.

Energy Fitness Club: Destaca por el uso de un sistema contractual fragmentado, compuesto por múltiples documentos y reglamentos internos extensos, que se incorporan al contrato y pueden modificarse posteriormente. Se advierte un fuerte traslado de riesgos al consumidor, especialmente en materias de responsabilidad por lesiones, robos y sanciones internas, junto con amplias facultades discrecionales del proveedor para suspender o terminar el contrato.

SmartFit: Si bien muestra mejores estándares de acceso a la información contractual en comparación con otras cadenas, el estudio identificó problemas relevantes en penalidades por término anticipado, permanencias encubiertas y limitaciones a la flexibilidad del consumidor. En particular, los planes de mayor valor económico imponen multas significativas por salida anticipada y restringen las posibilidades de congelamiento del servicio.

Tras exponer estos hallazgos, ODECU llamó a reforzar la fiscalización del sector y a exigir estándares más altos de transparencia contractual, especialmente en servicios de pago continuo como los gimnasios. “Entrenar no puede significar firmar a ciegas, quedar atrapado por multas o asumir riesgos que corresponden a la empresa. La actividad física es una actividad que las personas eligen libremente y no pueden sostenerse sobre contratos desequilibrados que vulneran los derechos del consumidor”, concluyó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU.

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