“Operación Apocalipsis”: tribunal fija 300 días de investigación y Fiscalía anticipa ampliación del caso

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó un plazo de 300 días para la investigación del caso conocido como “Operación Apocalipsis”, una de las mayores indagatorias por corrupción al interior del sistema penitenciario, que actualmente involucra a 70 imputados, entre 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles.

La decisión se adoptó durante la segunda jornada de formalización, instancia en la que la Fiscalía Metropolitana Occidente expuso nuevos antecedentes sobre el funcionamiento de una red que habría vulnerado de forma sistemática los protocolos de seguridad en recintos como Santiago Uno y San Joaquín, facilitando el ingreso de elementos prohibidos y la realización de visitas irregulares a personas privadas de libertad.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para 62 imputados y el arresto domiciliario total para otros seis. Estos últimos requerimientos fueron íntegramente acogidos por el tribunal, considerando la gravedad de los hechos y la magnitud de la investigación.

Según ha sostenido el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, la organización habría logrado movilizar más de $6.000 millones en un período aproximado de tres años, mediante transferencias bancarias y el uso de prestacuentas para encubrir el origen ilícito de los dineros, configurando delitos de asociación criminal, cohecho y lavado de activos. En el caso de los civiles imputados, el delito fue recalificado como soborno.

Durante la audiencia, el Ministerio Público advirtió que la investigación podría ampliarse, ya que nuevos funcionarios penitenciarios podrían ser incorporados a la causa a partir de declaraciones de imputados y de recientes reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo que obligará a solicitar nuevos alzamientos de secreto bancario.

Hasta ahora, la Fiscalía ha establecido que al menos 47 gendarmes habrían recibido pagos para permitir el ingreso de elementos ilícitos y facilitar irregularidades al interior de las cárceles, mientras que 23 civiles serían parte de la red que operaba desde el exterior de los recintos penales.

La formalización continuará durante los próximos días, debido a la alta cantidad de imputados y a la presentación detallada de los antecedentes financieros y penales reunidos en una investigación que el Ministerio Público considera clave para desarticular redes de corrupción en el sistema penitenciario del país.

Drogas y armas incautadas durante los operativos

En el marco de los allanamientos realizados para detener a los funcionarios involucrados, la Fiscalía también imputó delitos flagrantes a varios gendarmes, principalmente vinculados a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armas.

Según se expuso en audiencia, en dependencias de Santiago Uno se encontraron marihuana, pasta base y cocaína al interior de dormitorios destinados a funcionarios, además de elementos para dosificación. En otros procedimientos, un gendarme fue sorprendido lanzando un bolso con cocaína desde una vivienda al interior del recinto penal.

Asimismo, en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío, se incautó una escopeta robada en 2022 desde el domicilio de un funcionario de Gendarmería, además de una pistola 9 milímetros, cargadores modificados y municiones, hallazgos que también forman parte de la investigación en curso.