Fiscalía pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones en campaña de 2021

La Fiscalía Metropolitana Sur presentó una acusación contra Karina Oliva, ex candidata a gobernadora y expresidenta del partido Comunes, imputada por fraude de subvenciones durante su campaña de 2021, delito por el cual solicita siete años de presidio.

El Ministerio Público sostiene que Oliva, miembros de su comando, del partido Comunes y de la Fundación Chile Movilizado habrían declarado gastos inexistentes o inflados para obtener devoluciones indebidas del Servicio Electoral (Servel). Según el escrito de 197 páginas presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, solo en la primera vuelta la campaña habría solicitado $163 millones por boletas y facturas ideológicamente falsas, incluyendo informes plagiados de la fundación vinculada a Comunes.

En la segunda vuelta, el modus operandi se repitió, generando un perjuicio fiscal adicional de $154 millones entre boletas y facturas infladas. La Fiscalía acusa que los recursos devueltos fueron transferidos a cuentas de la fundación y retirados por David Castillo y Martín Miranda, este último administrador de la campaña. Miranda, además de fraude de subvenciones, enfrenta cargos por infracciones a la ley de gasto electoral.

El listado de imputados alcanza a diez personas del círculo cercano de Oliva, entre ellos Martín Miranda, Jorge Ramírez (ex pareja de Oliva y expresidente de Comunes), Camila Ríos (secretaria ejecutiva de Comunes), José Robredo, Jean Flores, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Marcelo Riffo y Luis Romero. Según la Fiscalía, las penas solicitadas varían según el rol de cada imputado: siete años para Oliva, Miranda, Ramírez y Ríos; cinco años para Sanhueza, Robredo, Castillo y Riffo; y tres años para Luis Romero, Ailine Ramírez y Jean Flores.

“Abultar y disfrazar gastos electorales”

El escrito del fiscal Alex Cortés detalla que los imputados “eran las personas que tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales del partido” y que “se realizaron distintas maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al Servel devoluciones improcedentes, para así perjudicar al fisco”.

Además, agrega que el proceso se coordinaba “a solicitud de Ramírez, Ríos, Miranda y la propia candidata, y en coordinación con el resto de los imputados (…) emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o montos abultados, así como facturas asociadas a informes plagiados por la fundación Chile Movilizado”.

El tribunal fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el 27 de enero a las 09:00 horas. Para este proceso, la Fiscalía anunció la presentación de 106 testigos, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 pruebas adicionales, entre los que podrían declarar la exalcaldesa Irací Hassler y las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas, quienes darán cuenta de la organización interna de la campaña y el funcionamiento de Comunes.

La defensa de Oliva, liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez, calificó la acusación como “inexplicable desde el punto de vista técnico, porque el Servel estableció que no se devolvió ningún peso irregular. (…) Evidentemente, pensamos que el juicio oral va a terminar en una sonada absolución”, sostuvo.