El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó la polémica por la denominada “norma de amarre” en el marco del debate en torno a la ley de reajuste del sector público. Frente a la iniciativa, anunció una modificación.
En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado subrayó que el reajuste acordado se encuentra entre los más bajos de la última década. “Es un reajuste bajo en montos, uno tiene que remitirse unos 8 o 10 años atrás para encontrar uno similar”, afirmó, agregando que el debate no se aleja de lo que históricamente ha sido la discusión en esta materia.
Sin embargo, el ministro criticó el tono de la discusión. “Se está discutiendo desde una manera que nunca se había discutido y se están cuestionando cosas que siempre han sido así y que nunca se habían cuestionado”, sostuvo.
Respecto a la denominada “norma de amarre”, que regula las desvinculaciones de funcionarios públicos a contrata y apunta —según el Gobierno— a “evitar arbitrariedades”, Grau destacó que “por primera vez, se va a poner en la ley que todos los asesores, es decir, sus gabinetes, tienen que salir el 11 de marzo y en los casos que no se presente la renuncia, los jefes de servicio tienen que hacer valer esas salidas”.
Así, anunció un cambio respecto a quiénes pueden acudir a la Contraloría General de la República (CGR) por un posible despido ilegal:
“Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años”.
“Sería difícil de entender que con toda este cambio no pudiéramos llegar a un acuerdo”, planteó y afirmó que “es importante que el gobierno que entra pueda definir con mucha eficiencia y sin ningún contratiempo sus equipos de confianza en los gabinetes”.
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