Contralora critica “norma de amarre”: “Está modificando el régimen jurídico de Contraloría”

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, formuló duras críticas a la denominada “norma de amarre” contenida en el proyecto de reajuste al sector público presentado por el Gobierno.

Durante la tarde de ayer, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la autoridad advirtió que “la Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación”.

Si bien reconoció que existen conversaciones en curso con la Dirección de Presupuestos (Dipres) “para revisar la metodología de trabajo”, sostuvo que aún persisten vacíos relevantes. En ese sentido, señaló que hay “otros componentes de gasto, por ejemplo, los aguinaldos y los bonos, que no tenemos cómo validarlos, porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias de estos aguinaldos y bonos, ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se van a asignar estos pagos y beneficios”.

En la misma línea, Pérez profundizó en situaciones que afectan la carrera funcionaria, especialmente en el caso de funcionarios a contrata que ingresan al sector público en cargos de alto grado y con remuneraciones elevadas. “Hay personas que son funcionarios públicos que llevan 20 años para subir de grado, 15 años, 18 años, que han ido ascendiendo vía carrera. Sin embargo, de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores”, señaló, aludiendo a casos registrados desde marzo de 2022.

“Los funcionarios nos reclaman: ‘Qué injusticia se produce cuando ingresa alguien de manera directa y nosotros llevamos una década esperando’”, agregó.

“Norma de amarre”

Asimismo, aprovechó la instancia para cuestionar directamente la llamada “norma de amarre”, uno de los puntos más controvertidos del proyecto de reajuste. “Para los funcionarios que son transitorios —a contrata— establece que por el solo ministerio de la ley expirarán el 31 de diciembre (…). Este artículo lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario, pero no se hace cargo de los efectos que tiene esta modificación en el resto del sistema, tal como se los expresé con los ejemplos que trajimos”, explicó.

“El efecto concreto y práctico es que afecta a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos, que se han desempeñado por largos años en la institución”, añadió.

Pérez también advirtió que la norma en cuestión impacta directamente las atribuciones de la Contraloría. “Esta norma altera las competencias de un órgano. Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional. Estas competencias específicas le confieren la facultad a la Contraloría de pronunciarse en estas materias”, subrayó.

Las críticas apuntan, en particular, al artículo 6 del proyecto, que establece que la Contraloría General de la República no debe intervenir ni informar en asuntos de carácter litigioso o sometidos al conocimiento de los tribunales, pudiendo solo abstenerse cuando existan reclamos del personal a contrata.

“Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República. Esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional”, concluyó.