
Tribunal de EEUU declara ilegal retirada del TPS a venezolanos y haitianos ordenada por Kristi Noem
La Corte de Apelaciones del 9º Circuito concluyó que la secretaria de Seguridad Nacional excedió sus atribuciones al eliminar el Estatus de Protección Temporal, afectando a más de 1,1 millones de personas.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la Administración de Donald Trump actuó de manera ilegal al retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a ciudadanos venezolanos y haitianos durante 2025.
El fallo fue emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, que estableció que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó en sus funciones al ordenar la cancelación del beneficio en junio para Haití y en septiembre para Venezuela.
Según la sentencia, “las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso, responsable de autorizar el TPS, y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular este estatus es irreconciliable con el lenguaje claro de la ley”. Los magistrados Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone confirmaron así un fallo previo de un tribunal inferior que había sido impugnado por el Gobierno.
En su resolución, los jueces subrayaron además que las decisiones de la secretaria “han dejado a cientos de miles de personas en un estado constante de temor de ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia u otros daños”.
La retirada del TPS afectó a cerca de 600.000 venezolanos y a aproximadamente 500.000 haitianos, en el marco de la política migratoria más restrictiva impulsada por la Administración Trump. El Estatus de Protección Temporal permite a personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias residir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera provisional.
El fallo representa un revés judicial para la estrategia migratoria del Gobierno y abre la puerta a la restitución del beneficio para cientos de miles de migrantes que quedaron en situación de vulnerabilidad tras la decisión administrativa.
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