Amnistía acusa falta de justicia en Venezuela pese a liberaciones

Amnistía Internacional denunció la ausencia de “medidas significativas para hacer justicia” en Venezuela, a pesar de las excarcelaciones registradas desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño hace un mes.

En un comunicado, la organización afirmó que la población venezolana permanece “a la espera de justicia” y sostuvo que los crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Maduro continúan sin sanción ni garantías de no repetición. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, advirtió que la impunidad se mantiene bajo la administración interina.

“Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición”, señaló Callamard. La dirigente subrayó además que las amenazas contra la sociedad civil persisten y que defensores de Derechos Humanos siguen expuestos a persecución y criminalización.

La organización también criticó con dureza la ofensiva estadounidense, calificándola como un uso ilegal de la fuerza según la Carta de Naciones Unidas. Callamard afirmó que la acción de Washington podría alentar conductas similares por parte de otros Estados y debilitar el orden internacional basado en normas.

“Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas tanto por el ataque ilegal del Gobierno de Trump contra Venezuela como por los crímenes de Derecho Internacional cometidos por las autoridades venezolanas”, indicó.

Amnistía advirtió que las amenazas del presidente Donald Trump aceleran el deterioro de las normas del Derecho Internacional destinadas a proteger a la población civil. Según la ONG, se trata de intentos por normalizar un enfoque de que “la fuerza hace el derecho”, dejando de lado la Carta de la ONU, los Convenios de Ginebra y los tratados de Derechos Humanos.

Finalmente, la organización remarcó que ningún argumento político puede legitimar un bombardeo sin autorización del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de legítima defensa. A su juicio, el uso unilateral de la fuerza contra Venezuela constituyó un acto ilícito y de agresión, y recordó que el derecho a la vida no se suspende por decisiones unilaterales de los gobiernos.