Blumar presenta demanda contra el Estado por Ley de Fraccionamiento Pesquero y reclama US$216 millones

La pesquera Blumar presentó una acción judicial contra el Estado de Chile por la Ley de Fraccionamiento Pesquero, promulgada en 2025, solicitando una indemnización de US$216 millones. 

Según informó Pulso, la compañía sostiene que la normativa modificó de forma anticipada el marco regulatorio establecido en 2013, reduciendo cuotas industriales, incorporando nuevas cargas económicas y afectando derechos otorgados por ley. La firma advierte impactos en inversión, empleo y en las comunidades donde mantiene operaciones.

La ofensiva judicial de Blumar se suma a las acciones iniciadas por otras empresas del sector pesquero tras la entrada en vigencia de la ley. En declaraciones entregadas al medio, la compañía afirmó que “debemos proteger no sólo los intereses de nuestros accionistas, sino que especialmente los de nuestros trabajadores y los de las comunidades donde operamos”, señalando que, frente a “modificaciones legales unilaterales”, corresponde recurrir a las vías institucionales disponibles.

De acuerdo con la empresa, el monto reclamado se sustenta en el perjuicio económico derivado de la reducción anticipada de cuotas, la afectación de derechos asociados a licencias vigentes y el aumento de costos operacionales tras el cambio normativo.

Cambios regulatorios e impacto en proyectos

La demanda se produce luego de la acción judicial presentada por Camanchaca, que solicitó cerca de US$100 millones al Estado. En ese caso, la firma argumentó que las reglas definidas por ley fueron modificadas antes de los plazos comprometidos, afectando la certeza jurídica.

Blumar explicó que la legislación de 2013 implicó una reestructuración del sistema pesquero nacional, en la cual el sector industrial reemplazó autorizaciones indefinidas por licencias de 20 años, bajo reglas de fraccionamiento proyectadas hasta al menos 2032. Sobre esa base, indicó la empresa, se tomaron decisiones de inversión, empleo y desarrollo regional.

Como efecto del nuevo marco legal, la compañía informó la paralización de un proyecto de US$45 millones en la comuna de Coronel, Región del Biobío, que contaba con RCA aprobada desde noviembre de 2024 y estaba destinado a la producción de jurel congelado para consumo humano.

La Ley de Fraccionamiento Pesquero inició su tramitación en el Congreso en septiembre de 2024 y fue promulgada en 2025, modificando la distribución de cuotas entre los sectores artesanal e industrial.