Fundaciones ambientalistas denunciaron incumplimientos sistemáticos de la legislación vigente en el cierre de centrales termoeléctricas a carbón en Chile, pese a que el país ha logrado retirar el 50% de estas unidades entre 2019 y 2025 en el marco del Plan de Descarbonización.
Las organizaciones Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) solicitando fiscalización, sanciones y planes de cumplimiento, con el objetivo de evitar pasivos ambientales en las comunas que albergaron estas industrias.
Según las ONG, al 31 de diciembre de 2025 se habían cerrado 14 de las 28 centrales a carbón que operaban en 2019, pero ninguna ha cumplido íntegramente la regulación sectorial y ambiental aplicable a su clausura.
Centrales sin Resolución de Calificación Ambiental
Siete de las unidades retiradas no cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) porque comenzaron a operar antes de la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Se trata de las centrales Tocopilla U-12, U-13, U-14 y U-15 de Engie; Ventanas 1 y 2 de AES Andes en Quintero-Puchuncaví; y Bocamina 1 de Enel en Coronel.
Las organizaciones señalan que, pese a no tener RCA, estas plantas igualmente deben cumplir normas sectoriales contenidas en el Código Sanitario y la Ley General de Urbanismo y Construcción, entre otras regulaciones, relacionadas con desmantelamiento de infraestructura, transporte y disposición de residuos, sistemas de enfriamiento y remediación de suelos contaminados.
Incumplimientos en centrales con RCA
Las otras siete centrales cerradas entre 2019 y 2025 sí contaban con RCA: Norgener 1 y 2 de AES Andes; Tarapacá y Bocamina 2 de Enel; y Mejillones 1, Mejillones 2 e Infraestructura Energética Mejillones (IEM) de Engie. Sin embargo, las ONG sostienen que ninguna ha cumplido con la obligación de presentar y ejecutar planes de cierre, abandono y remediación exigidos en sus autorizaciones ambientales.
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, valoró la reducción de emisiones asociada al cierre de estas plantas, pero advirtió que el proceso no puede realizarse sin responsabilidad ambiental.
“Hoy día, lamentablemente, la contaminación, las canchas de acopio de carbón, los cenizales, los ductos al mar y la infraestructura están quedando en las comunidades como un pasivo ambiental. Eso no implica una transición justa”, señaló.
Contenido de la denuncia
La presentación ante la SMA acusa a las empresas de incumplir obligaciones establecidas en sus RCA, omitir medidas de desmantelamiento y remediación y utilizar mecanismos administrativos —como consultas de pertinencia— para modificar condiciones de cierre sin evaluación ambiental.
Las organizaciones advierten que estas prácticas podrían generar pasivos ambientales permanentes en territorios históricamente afectados por la contaminación industrial.
“Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran un incumplimiento sistemático de la normativa ambiental aplicable, afectando el derecho de las comunidades a un medio ambiente libre de contaminación y debilitando los objetivos de una transición energética justa”, afirmó la abogada de Greenpeace, Roxana Núñez.
Las ONG pidieron a la autoridad ambiental iniciar procesos sancionatorios y exigir planes de cumplimiento que aseguren el desmantelamiento adecuado de las centrales y la recuperación ambiental de los territorios involucrados.
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