Supremo británico declara ilegal prohibición del grupo Palestine Action

El Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal la decisión del Gobierno de prohibir al grupo Palestine Action, tras una apelación presentada por su fundadora, Huda Ammori, quien celebró públicamente el fallo.

Ammori afirmó que el tribunal determinó que la prohibición era desproporcionada en relación con la libertad de expresión y que la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper —hoy a cargo de la cartera de Exteriores—, incumplió sus propias directrices al impulsar la ilegalización. El tribunal ordenó retirar la medida.

Sin embargo, la jueza Victoria Sharp indicó que, pese al fallo, la organización seguirá ilegalizada de forma temporal mientras el Ejecutivo evalúa la presentación de un recurso. Posteriormente, la actual ministra del Interior, Sabana Mahmood, confirmó que el Gobierno apelará ante el Tribunal de Apelaciones.

Mahmood defendió que la prohibición siguió “un proceso riguroso, respaldado por el Parlamento” y subrayó que la decisión no impide la protesta pacífica en apoyo a la causa palestina, un punto que —según dijo— fue reconocido por el propio tribunal. La ministra sostuvo además que la corte concluyó que Palestine Action llevó a cabo actos calificados como terrorismo, elogió a quienes participaron en ellos y promovió el uso de la violencia.

“La organización no es un grupo ordinario de protesta o desobediencia civil y sus acciones no son consistentes con los valores democráticos ni con el Estado de derecho”, afirmó. Aun así, remarcó su respeto por el sistema judicial británico y recalcó que los ministros del Interior deben contar con herramientas para proteger la seguridad nacional.

La prohibición entró en vigor en julio de 2025, equiparando a Palestine Action con organizaciones como Al Qaeda y Estado Islámico. La pertenencia o el apoyo a grupos de esta categoría puede ser castigado con penas de hasta catorce años de cárcel. La medida también implicaba que mostrar públicamente símbolos o mensajes vinculados a la organización podría acarrear condenas de hasta seis meses de prisión.

La ilegalización fue duramente criticada por organizaciones civiles, que la consideraron una medida excesiva y sin precedentes en el país.

Desde Amnistía Internacional señalaron que el fallo constituye una reafirmación del derecho a protestar en un contexto de crecientes restricciones. La ONG sostuvo que la sentencia envía un mensaje claro al Gobierno sobre los límites del uso de la legislación antiterrorista para reprimir la disidencia y celebró lo que calificó como un freno a las extralimitaciones estatales.

Según la organización, la decisión refuerza la protección de las libertades fundamentales y marca una línea frente a intentos de reducir el espacio democrático. También advirtió que miles de manifestantes pacíficos habían sido detenidos bajo normas que ahora quedan en entredicho tras el pronunciamiento judicial.