Favorito opositor en Hungría denuncia intento de chantaje con supuesto video íntimo
Peter Magyar anunció una querella penal tras amenazas de difundir imágenes privadas y acusa al oficialismo de intentar desacreditar su candidatura rumbo a las elecciones legislativas.
El líder opositor húngaro Peter Magyar, favorito en las próximas elecciones legislativas, anunció que presentará una querella penal contra desconocidos que lo amenazaron con difundir un video de carácter sexual en el que aparecería junto a su expareja.
La polémica comenzó tras la aparición de un sitio web anónimo que mostraba la imagen de una habitación vacía acompañada de los subtítulos en inglés “Próximamente” y “Érase una vez… 2024.08.03”. Posteriormente, periodistas húngaros señalaron que la habitación correspondería a un departamento de alquiler temporal ubicado en la circunvalación de Budapest.
De acuerdo con registros de propiedad citados por medios locales, la dueña del inmueble figura como la esposa de un empresario vinculado a compañías que han recibido contratos estatales de manera recurrente.
Magyar había reconocido previamente que en agosto de 2024, tras una actividad con militantes de su partido Respeto y Libertad —conocido como Tisza— mantuvo un encuentro íntimo con su expareja en el lugar mencionado. Según su versión, la mujer lo habría seducido nuevamente en ese contexto.
El candidato, exmiembro del oficialista Fidesz, rompió con el partido en febrero de 2024 denunciando un sistema de favoritismo y corrupción instaurado, a su juicio, durante los 16 años de gobierno del primer ministro Viktor Orbán.
Al confirmar la acción judicial, Magyar acusó directamente a sectores ligados al oficialismo de intentar perjudicarlo políticamente. “Incluso en Europa es inaudito que un partido gobernante intente desacreditar, chantajear y neutralizar a su principal oponente político grabando en secreto actos sexuales con métodos ilegales y amenazando con hacerlos públicos”, escribió en redes sociales.
El dirigente agregó que presentó una denuncia penal por recopilación secreta no autorizada de información, uso ilegal de medios encubiertos, obtención prohibida de datos y uso indebido de datos personales. Según sostuvo, el objetivo es identificar a los responsables y frenar lo que calificó como una operación de intimidación política.
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