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La empresa estatal Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella criminal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de asociación criminal, operación ilegal de juegos de azar y lavado de activos, en el marco del funcionamiento de plataformas de apuestas online que operarían al margen de la legislación chilena.
La acción judicial, que fue declarada admisible, busca que el Ministerio Público investigue la eventual responsabilidad penal de personas naturales y jurídicas que, mediante distintos mecanismos, habrían permitido el funcionamiento de estas plataformas, consideradas ilícitas por el ordenamiento jurídico nacional.
La querella se fundamenta, entre otros antecedentes, en reiterados fallos de la Corte Suprema de Chile, que han establecido que los casinos y casas de apuestas online constituyen una actividad ilegal en el país. Asimismo, se argumenta el impacto económico y social que estas operaciones generarían, afectando tanto los ingresos fiscales como a la población, especialmente a jóvenes, al no cumplir con estándares mínimos de juego responsable.
La presidenta del Directorio de Polla Chilena, Macarena Carvallo, sostuvo que “esta querella responde al deber legal y ético que tenemos como empresa de resguardar los recursos públicos y velar porque la actividad de juegos de azar en Chile se desarrolle dentro del ordenamiento jurídico vigente”. Añadió que no se trata de una actividad inocua, ya que puede ocasionar problemas como la ludopatía, con un alto costo social para el país.
Carvallo explicó que uno de los focos de la acción judicial es esclarecer el rol que habrían cumplido los Proveedores de Procesamiento de Servicios de Pago (PSP) en estas operaciones. “El funcionamiento de estas plataformas requiere de sistemas de pago que les permitan viabilizar su giro comercial mediante tarjetas bancarias de débito o crédito y operar a través de los denominados PSP para mover flujos de dinero desde y hacia Chile. Es fundamental que se investigue bajo qué esquema se realiza esta actividad con negocios ilegales y si los dineros involucrados provienen de delitos como el lavado de activos o financian actividades del crimen organizado en Chile”, afirmó.
Desde la empresa estatal reiteraron que continuarán ejerciendo todas las acciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de juegos autorizados y resguardar los recursos que genera la institución, destinados al financiamiento de políticas públicas e instituciones de beneficencia.
“Nuestro compromiso es con la legalidad, la transparencia y el juego responsable. No podemos normalizar actividades ilegales que operan al margen de la ley y del interés público”, cerró Carvallo.
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