HRW exige al gobierno de Delcy Rodríguez desmantelar aparato represivo en Venezuela

La organización pide reformas judiciales y electorales inmediatas, elecciones libres y la salida del fiscal general Tarek William Saab.

Human Rights Watch (HRW) instó al gobierno venezolano, encabezado desde enero por Delcy Rodríguez, a “desmantelar el aparato represivo” del Estado y a impulsar reformas electorales y judiciales profundas, incluida la destitución del fiscal general Tarek William Saab por su rol en la persecución de opositores tras las presidenciales de julio de 2024.

“La autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”, afirmó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

La organización valoró como un “alivio importante” la reciente excarcelación de presos políticos anunciada por Caracas, que según entidades de derechos humanos venezolanas permitió la liberación de alrededor de 400 personas. Sin embargo, advirtió que cerca de 600 personas siguen detenidas por motivos políticos.

HRW alertó que el aparato represivo que permitió esas detenciones “sigue en pie” y cuestionó el proyecto de ley de amnistía que debate la Asamblea Nacional, señalando que no garantiza la liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente. Según la ONG, la discusión de esa norma no debe servir como excusa para retrasar reformas estructurales orientadas a restaurar la democracia.

La organización citó además cifras del Foro Penal, que registra cerca de 19.000 detenciones arbitrarias en Venezuela, muchas acompañadas de malos tratos, torturas, incomunicación y procesos judiciales masivos sin garantías adecuadas de defensa.

HRW recordó que desde 2014 las autoridades venezolanas han cometido “violaciones generalizadas de derechos humanos”, incluidos procesos penales infundados contra disidentes, periodistas y activistas, con la participación de la Fiscalía y del Poder Judicial. En ese contexto, pidió garantizar la independencia de la justicia, que considera cooptada por el poder político tras la reforma judicial de 2004 impulsada por Hugo Chávez.

La ONG insistió en la destitución de Saab, al estimar que su permanencia en el cargo es incompatible con cualquier intento serio de reforma institucional. También urgió a crear condiciones inmediatas para la celebración de elecciones libres y justas, lo que incluye revisar la composición del Consejo Nacional Electoral, cuestionado por validar la reelección de Nicolás Maduro y por impedir la inscripción de candidaturas opositoras, entre ellas la de María Corina Machado.

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El Periodista