Ricardo García Holtz, CEO de Camanchaca y presidente del Chilean Salmon Marketing Council, publicó una columna crítica sobre la aplicación de la Ley Lafkenche y el sistema de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), advirtiendo que su actual diseño estaría generando una “parálisis jurídica” en amplias zonas del borde costero del sur de Chile.
En el texto, el ejecutivo sostiene que más de tres millones de hectáreas del litoral —equivalentes a 30 mil kilómetros cuadrados— se encuentran bajo solicitudes de ECMPO, lo que, a su juicio, detiene cualquier avance administrativo o económico mientras los procesos permanecen abiertos. Aunque desde 2010 solo 41 solicitudes han sido aprobadas, la sola presentación de una petición suspende permisos, concesiones y trámites ambientales en curso.
García Holtz afirma que el problema no es el reconocimiento de los pueblos originarios —el cual considera legítimo— sino el diseño de la ley, que permitiría abusos del sistema. En su columna acusa que intereses extranjeros vinculados a organizaciones filantrópico-ambientales estarían financiando ONG locales para judicializar proyectos y frenar actividades productivas al sur de Puerto Montt.
Como ejemplo, menciona aportes de la Fundación David & Lucile Packard hacia organizaciones chilenas como FIMA, Terram, Observatorio Ciudadano y Oceana Chile, que —según su planteamiento— participan en litigios relacionados con reclamaciones territoriales costeras.
El ejecutivo advierte que esta dinámica habría generado una “industria de litigación” que incentiva solicitudes extensas, con el efecto práctico de congelar zonas completas del territorio marítimo, impactando a la pesca artesanal, la acuicultura, el turismo y otros sectores.
Entre las reformas que propone, plantea limitar la suspensión automática de trámites, exigir pruebas más estrictas del uso consuetudinario reclamado, entregar mayor seguridad jurídica a los actores del territorio y transparentar el financiamiento de ONG involucradas en procesos judiciales.
La columna concluye señalando que el mar chileno es un espacio compartido donde conviven intereses culturales y productivos que pueden armonizarse dentro de un marco democrático, siempre —según el autor— resguardando la soberanía y la transparencia institucional.
El debate sobre la Ley Lafkenche y el alcance de las ECMPO ha ido creciendo en los últimos años, en medio de tensiones entre comunidades indígenas, organizaciones ambientales y sectores productivos respecto del equilibrio entre protección cultural, conservación y desarrollo económico.
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