
CGT anuncia huelga general contra reforma laboral del Gobierno de Milei
La principal central sindical argentina convocó a un paro de 24 horas para el día en que Diputados debata el proyecto, al que acusa de transferir miles de millones de dólares desde los trabajadores a los empleadores.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical de Argentina, anunció un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, debate que podría realizarse esta semana.
“Esta CGT ha decidido que cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas, sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función”, afirmó uno de los cotitulares de la central obrera, Jorge Solá, en conferencia de prensa.
La organización sindical justificó la medida señalando que desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023, se han eliminado más de 300.000 puestos de trabajo. Según la CGT, cada día se pierden cerca de 400 empleos formales y han cerrado casi 21.000 pequeñas y medianas empresas en los últimos dos años.
Solá sostuvo además que la industria argentina opera por debajo del 50% de su capacidad debido a una “apertura indiscriminada de importaciones” y advirtió que la inflación lleva ocho meses en alza, agravando la pérdida del poder adquisitivo.
De acuerdo con la central sindical, los únicos sectores en expansión han sido el financiero, la agroindustria, la minería y la energía, pero no generan suficientes empleos para compensar los puestos perdidos. “Solo pueden producir el 10% de los 300.000 que se han eliminado”, afirmó el dirigente.
Rechazo a la reforma
La CGT calificó la reforma laboral —que ya recibió media sanción en el Senado— como inconstitucional y aseguró que debilita los derechos colectivos de los sindicatos, además de implicar una fuerte transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores.
Según sus cálculos, la baja de aportes patronales, la creación de un fondo de asistencia laboral financiado por la seguridad social y la reducción de indemnizaciones supondrían una transferencia de alrededor de US$6.000 millones anuales hacia el sector empresarial, con destino final en el sistema financiero.
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, acusó al oficialismo de impulsar una iniciativa con una “carga ideológica en contra de las organizaciones sindicales”. En esa línea, vinculó el despido de cerca de mil trabajadores de la empresa de neumáticos Fate con el “fracaso del programa económico” del Gobierno.
“Acá lo que fracasa no son los derechos de los trabajadores, es el programa económico que tiene este Gobierno”, afirmó.
Los gremios del transporte confirmaron su adhesión al paro, por lo que la central anticipó que el país quedará prácticamente paralizado durante la jornada de protesta.
Cambios al proyecto
En las últimas horas, el oficialismo aceptó retirar un artículo que reducía al 75% o incluso al 50% el salario de los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no laboral, tras advertencias de aliados parlamentarios que amenazaron con no respaldar la iniciativa.
Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzó a analizar el proyecto, que modifica el régimen laboral vigente desde 1974. El texto habilita jornadas de hasta 12 horas diarias mediante un sistema de banco de horas, permite fraccionar vacaciones y extiende períodos de prueba en regímenes especiales.
Además, establece un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales, considerados independientes y sin derecho a vacaciones pagadas ni aguinaldo, crea un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones tradicionales y deroga estatutos profesionales, incluido el del periodista.
Mientras el Congreso debate la iniciativa, miles de personas se manifestaron frente al Parlamento convocadas por sectores sindicales que rechazan la reforma. En paralelo, el oficialismo fortaleció su posición legislativa tras las elecciones de octubre, consolidándose como primera minoría en Diputados y segunda fuerza en el Senado.
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