Organizaciones ambientalistas demandan a Trump
La acción judicial apunta contra la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tras la derogación de estándares que regulaban gases de efecto invernadero establecidos en 2009.
Un amplio grupo de asociaciones medioambientales presentó una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) luego de que el presidente Donald Trump revocara una normativa que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero.
Las organizaciones acusan a la Administración de ignorar evidencia científica consolidada durante más de dos décadas. “Ignorar las evidencias científicas sobre la amenaza que la contaminación atmosférica representa para la salud envía un mensaje equivocado a las comunidades de todo el país y el mundo”, señaló Georges C. Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública.
Desde el Centro de Derecho y Políticas Ambientales, el abogado Brian Lynk sostuvo que la medida no constituye un simple retroceso regulatorio, sino que contradice fundamentos científicos establecidos en 2009, cuando la EPA determinó que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros tres gases de efecto invernadero representan un riesgo para la salud pública.
“Tras dos décadas de evidencias científicas, la agencia no puede afirmar de manera creíble que los hallazgos de 2009 sean incorrectos”, afirmó Lynk, advirtiendo además que la decisión generará incertidumbre jurídica para empresas y prolongadas disputas en tribunales.
En la misma línea, la abogada Adina Rosenbaum, del grupo de litigios Public Citizen, calificó la derogación como “ilegal” y alertó sobre efectos “devastadores” en la salud pública y en la estabilidad climática a largo plazo.
Argumentos de la Casa Blanca
La Casa Blanca defendió la decisión, argumentando que la normativa —aprobada durante el gobierno de Barack Obama— habría causado “graves daños” a la industria automotriz y provocado alzas significativas en los precios para los consumidores estadounidenses.
La legislación anulada había servido como base jurídica para múltiples regulaciones federales orientadas a limitar las emisiones contaminantes, especialmente en sectores como el automotriz, las refinerías y la industria manufacturera.
En paralelo, la Administración Trump también abandonó el Acuerdo de París y promovió políticas para incentivar la producción de petróleo crudo, gas natural, uranio y carbón, reorientando la estrategia energética de Estados Unidos hacia los combustibles fósiles.
La demanda abre ahora un nuevo frente judicial en la disputa por la política climática del país, en un contexto de creciente polarización sobre el rol del Estado en la regulación ambiental y el impacto económico de las normas sobre emisiones.
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