El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno de Chile, acusados de participar en acciones que habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.
Según informó la autoridad estadounidense en su página web, las medidas alcanzan a funcionarios que “dirigieron, autorizaron, financiaron, proporcionaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
Como consecuencia, los tres funcionarios y sus familiares directos quedarán, en general, inhabilitados para ingresar a Estados Unidos, y cualquier visa vigente que mantuvieran fue revocada.
El Departamento de Estado sostuvo que la decisión forma parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para proteger la seguridad nacional y la estabilidad regional. “Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica de Estados Unidos y los intereses de seguridad nacional en nuestra región”, señaló la declaración.
Asimismo, el organismo afirmó que continuará promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos que, según indicó, “trabajen intencionalmente para desestabilizar el hemisferio”.
En el mismo comunicado, la autoridad estadounidense emitió críticas hacia el gobierno del presidente Gabriel Boric, señalando que su legado “se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en perjuicio del pueblo chileno”.
En paralelo, el Departamento de Estado expresó su disposición a colaborar con una futura administración encabezada por José Antonio Kast, destacando su expectativa de avanzar en prioridades compartidas, especialmente en materia de seguridad regional.
Finalmente, la autoridad reiteró que continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para resguardar la seguridad en el hemisferio. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las identidades de los funcionarios.
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