La Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, investigado por delitos de corrupción asociados al uso de recursos públicos y documentación falsa. Con esto, el parlamentario puede ser formalizado por la Fiscalía.
La causa apunta a la emisión de 34 facturas ideológicamente falsas, uso de empresas vinculadas y eventual desvío de fondos públicos para fines políticos, incluso para campañas electorales relacionadas con su pareja, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Cabe destacar que la Municipalidad de Maipú, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) son querellantes.
De parte de los querellantes, Eugenio Campos, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, aseguró que existen antecedentes “graves y serios” que darían cuenta de que el diputado habría incurrido en una defraudación de las arcas fiscales por $104 millones.
“Lavín se concertó con otros coimputados para proponer a la Cámara de Diputados gastos inusuales, de asignaciones parlamentarias, por qué no decir, absolutamente improcedentes e ilegales”, sostuvo.
Por su parte, el abogado defensor, Cristóbal Bonacic, calificó el fallo como “muy favorable”, ya que “excluye el supuesto delito tributario, que fue algo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) sacó entre gallo y medianoche, en último minuto”.
Con esta resolución, Lavín —que dejará el Congreso el próximo 11 de marzo— queda inhabilitado para votar y participar en sesiones de sala, además de poder ser formalizado por el Ministerio Público.
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