Alcalde de Peñalolén presenta querella contra subsecretaria Leitao por presunto fraude al fisco
La acción judicial apunta a un perjuicio de al menos $12 mil millones en las finanzas municipales durante la gestión de la exalcaldesa.
El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio), anunció la presentación de una querella criminal por presunto fraude al fisco y falsificación de instrumento público contra la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien fuese la máxima autoridad comunal durante 12 años.
La acción judicial busca esclarecer un perjuicio económico estimado en al menos $12 mil millones, el cual habría sido detectado tras una auditoría externa encargada por la actual administración municipal.
Leitao —exmilitante de la Democracia Cristiana— se desempeñó como alcaldesa de Peñalolén durante 12 años y posteriormente se integró al gobierno del presidente Gabriel Boric como subsecretaria de Prevención del Delito.
Sobreestimación de ingresos
De acuerdo con la querella, durante el periodo 2021-2024 se habría implementado un mecanismo de sobreestimación de ingresos presupuestarios, lo que habría permitido autorizar gastos por sobre la real capacidad financiera del municipio.
Según el documento, esto habría generado una situación de “insolvencia progresiva”, que derivó en un déficit de caja cercano a $12.000 millones a diciembre de 2024, cuando asumió la nueva administración.
La querella sostiene que estos mecanismos permitieron mantener la apariencia de un funcionamiento financiero normal, mientras se producía un deterioro de las cuentas municipales.
Otros funcionarios investigados
La acción judicial también apunta contra otros exfuncionarios de la municipalidad: el exadministrador municipal, Patricio Escobar, la exdirectora de Administración y Finanzas, Tamara Rubio, y el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, Juan Enrique Pino.
Además, se solicita investigar el uso de cerca de $2 mil millones provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), recursos que estaban destinados a proyectos de infraestructura como plazas, canchas y pavimentación, pero que presuntamente habrían sido utilizados para otros fines.
Actualmente, los antecedentes están siendo revisados por el Ministerio Público.
Los comentarios están cerrados.