Diputados argentinos denunciarán al fiscal del caso $LIBRA

Diputados argentinos que integraron la comisión del Congreso encargada de investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA —cuyo valor se disparó tras su promoción en redes sociales por el presidente Javier Milei y luego colapsó generando pérdidas millonarias— anunciaron que presentarán una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano por presunto entorpecimiento de la investigación.

El diputado Maximiliano Ferraro, expresidente de la comisión y miembro de la Coalición Cívica ARI, informó que solicitarán el apartamiento del fiscal ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal. “En calidad de promotores y exmiembros de la Comisión Investigadora hemos acordado denunciar al fiscal Taiano y pedir su apartamiento por obstaculizar la causa”, afirmó.

Ferraro sostuvo que el caso $LIBRA tuvo como protagonista “necesario” al presidente Milei, insistiendo en que debe responder ante la Justicia y el Congreso. Según indicó, las pruebas recopiladas en el informe final de la comisión “confirman la responsabilidad política” y una participación que calificó como “premeditada”.

“El análisis de la evidencia muestra una coordinación directa entre operadores del mundo cripto y el entorno más cercano del presidente, quien habría utilizado su investidura para impulsar la criptomoneda a cambio de pagos millonarios”, señaló.

Asimismo, los legisladores solicitarán informes al Ejecutivo para que el mandatario, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios expliquen sus comunicaciones con el empresario Mauricio Novelli, señalado como intermediario clave en la operación, especialmente el día del lanzamiento del activo digital.

En paralelo, promoverán la interpelación de funcionarios del Gobierno y la creación de una comisión especial que supervise de forma permanente el avance de la causa judicial. También evalúan impulsar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados para profundizar en las responsabilidades políticas.

En materia institucional, Ferraro pidió que la Cámara Baja exprese su rechazo a los ataques del presidente contra periodistas que han informado sobre el caso, subrayando la necesidad de resguardar la libertad de prensa. En ese contexto, alertó sobre lo que calificó como una “grave persecución judicial” contra la periodista Natalia Volosin.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, calificó como “imprudente” atribuir responsabilidad penal al presidente sin que exista imputación formal en su contra.

La investigación también reveló un documento que detalla un presunto acuerdo por US$ 5.000.000 a cambio del respaldo público de Milei a la criptomoneda. El contrato contemplaba tres pagos: un adelanto de US$ 1.500.000, otro monto igual por la promoción en redes sociales y un pago final de US$ 2.000.000 vinculado a la firma de un acuerdo posterior.