Justicia brasileña reduce cargos contra influencer argentina acusada de racismo

La fiscalía rebajó de tres a un delito la acusación contra Agostina Páez, lo que abre la puerta a su liberación y regreso a Argentina tras pagar compensaciones y realizar servicios comunitarios.

La justicia de Brasil dio un giro en el caso de la influencer argentina Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro por gestos racistas, luego de que la fiscalía redujera los cargos en su contra.

Inicialmente, la joven enfrentaba hasta tres delitos que podían derivar en una condena de hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, tras la primera audiencia, el Ministerio Público rebajó la acusación a un solo delito de injuria racial, con una pena mínima de dos años.

La reducción de cargos abre la posibilidad de que Páez recupere la libertad en un corto plazo. Según su defensa, la pena podría ser sustituida por servicios comunitarios y el pago de una indemnización a las víctimas.

La abogada de la imputada, Carla Junqueira, señaló que solo restan trámites administrativos para concretar la liberación, lo que podría ocurrir en un plazo cercano a tres días, una vez que el tribunal defina la caución.

Indemnización y medidas alternativas

La fiscalía solicitó que la influencer pague una compensación de 50.000 reales a cada una de las víctimas, lo que permitiría transformar la eventual condena en una sanción de carácter reparatorio.

Además, los servicios comunitarios podrían cumplirse en Argentina, facilitando el regreso de la acusada a su país de origen.

Tras la audiencia, Páez aseguró haber dicho “la verdad en todo momento” y reiteró sus disculpas a las personas afectadas.

“Fue la peor experiencia de mi vida y me siento aliviada”, afirmó, agregando que espera volver pronto a Argentina para cerrar este proceso.

Asimismo, señaló que pretende abordar públicamente el tema del racismo y generar conciencia sobre su impacto.

El caso se originó tras la denuncia de tres personas que acusaron a la influencer de realizar gestos racistas a la salida de un restaurante en Río de Janeiro.

El proceso judicial continúa abierto, a la espera de la resolución del tribunal sobre las condiciones definitivas de la sanción y la eventual liberación.

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El Periodista