Milei retira acreditaciones a medios sospechosos de participar en campaña de desinformación contra él

La medida afecta a reporteros de distintos medios y se produce tras una investigación sobre una presunta red con vínculos internacionales. Gremios acusan intento de restringir la prensa crítica.

El Gobierno de Argentina retiró acreditaciones de prensa a varios periodistas que cubrían habitualmente la Casa Rosada y el Congreso, en el marco de una controversia por una supuesta campaña de desinformación dirigida contra la administración del presidente Javier Milei.

La decisión impide el ingreso de reporteros de distintos medios a dependencias oficiales, lo que generó críticas desde organizaciones gremiales. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires cuestionó la medida y señaló que se trata de una acción que “limita el ejercicio del periodismo” y dificulta el trabajo informativo en espacios institucionales.

Entre los afectados se encuentran periodistas de medios como Ámbito Financiero, El Destape, El Tiempo Argentino y La Patriada, quienes denunciaron que la revocación de credenciales se realizó sin explicaciones formales. Algunos indicaron que la notificación fue comunicada de manera informal al intentar ingresar a la sede de Gobierno.

Desde el oficialismo, la medida se vincula con una investigación en curso sobre una presunta estructura de desinformación conocida como “La Compañía”. El caso se originó tras la filtración de decenas de documentos de inteligencia que apuntan a la existencia de operaciones destinadas a influir en la opinión pública argentina.

De acuerdo con información difundida por organismos estatales, la red estaría integrada por ciudadanos extranjeros y tendría como objetivo instalar contenidos falsos para favorecer intereses geopolíticos. La investigación fue remitida a la Justicia federal y al Ministerio Público.

En este contexto, periodistas y organizaciones del sector advierten que la decisión del Ejecutivo podría sentar un precedente en materia de acceso a la información pública, mientras continúa el debate sobre los alcances de la seguridad informativa y la libertad de prensa en el país.

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El Periodista