Fraude en Carabineros: dictan condena contra más de 20 acusados por malversación y lavado de activos

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó este viernes 10 de abril un veredicto condenatorio en el denominado caso de fraude en Carabineros de Chile, estableciendo la responsabilidad penal de más de una veintena de acusados por delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, uso de instrumento público falso, sustracción de fondos y hurto.

En resolución unánime, el tribunal condenó a 21 acusados como autores del delito reiterado de malversación de caudales públicos. Entre ellos figuran Pedro Valenzuela San Martín, Robinson Carvajal Leiva, Héctor Nail Bravo, Carlos Cárcamo Bravo, Patricio Miranda Rojas y Eduardo Pardo Muñoz, entre otros.

Asimismo, el tribunal condenó a José Inapaimilla Vergara también por el delito de uso malicioso de instrumento público falso.

En la causa, los sentenciadores establecieron además la responsabilidad de David Vega Carmona, Felipe Ávila Pérez, Renato Sarabia Lagreze y Francisco Reyes Momberg como autores —en calidad de concertados— del delito de sustracción de caudales públicos, al facilitar los medios para ejecutar el fraude.

A su vez, Fernando Bustos Ríos, Boris Valenzuela Calderón y María Virginia Rojas Torres fueron condenados como autores de hurto reiterado.

En materia de lavado de activos, el tribunal condenó a 22 imputados, incluyendo a varios de los ya sancionados por malversación, al acreditar que ocultaron o disimularon el origen ilícito de los dineros obtenidos.

Operación fraudulenta

De acuerdo con el fallo, los acusados actuaron de forma concertada y abusaron de sus funciones en la Dirección de Finanzas y otras reparticiones de Carabineros, aprovechando su acceso a información y facultades administrativas para sustraer fondos públicos o permitir su sustracción.

El monto total del perjuicio fiscal asciende a $28.348.928.198.

El tribunal dio por acreditado que los involucrados falsificaron resoluciones vinculadas a pensiones de retiro e indemnizaciones de desahucio, incorporando incluso a civiles sin vínculo con la institución, con el objetivo de justificar transferencias de dinero desde cuentas institucionales.

Estas resoluciones falsas fueron utilizadas para respaldar operaciones contables que permitieron concretar el desvío de fondos, particularmente desde el denominado fondo de desahucio.

Asimismo, se estableció que los condenados ejecutaron maniobras para ocultar el origen ilícito de los recursos, configurando el delito de lavado de activos conforme a la legislación vigente.

Próximos pasos

La audiencia de lectura de sentencia, que fijará las penas específicas para los condenados, fue programada para el 11 de febrero de 2027 a las 11:00 horas. El fallo será redactado por el magistrado Juan Carlos Urrutia.