Senador Flores solicita fiscalización al SML por “graves deficiencias” y riesgos sanitarios
El parlamentario ofició a Contraloría para investigar eventuales irregularidades en el manejo de cuerpos, condiciones de almacenamiento y uso de recursos públicos.
El senador Iván Flores solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, realizar una fiscalización integral al Servicio Médico Legal (SML), advirtiendo “alarmantes y graves deficiencias” en su funcionamiento, con posibles riesgos sanitarios y eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos.
La petición surge tras antecedentes recopilados por el parlamentario, que apuntan a problemas en el almacenamiento de cuerpos, sobrecarga operativa y acumulación de cadáveres no identificados o no reclamados. Según indicó, esta situación habría derivado incluso en el uso de containers para su resguardo, en condiciones que, a su juicio, “vulneran normas sanitarias básicas y la dignidad humana”.
De acuerdo con los datos expuestos, a diciembre de 2025 existirían 360 cuerpos no reclamados en el país, de los cuales 218 se encontrarían en dependencias de Avenida La Paz, en la Región Metropolitana. “Estamos frente a una situación extremadamente compleja. Se requiere una investigación rigurosa, conocer los hechos con total claridad y, si corresponde, legislar con urgencia”, afirmó.
Riesgos sanitarios y falencias operativas
El oficio también advierte deficiencias en las condiciones de conservación de los cuerpos, incluyendo el uso de cámaras sin temperaturas adecuadas, lo que podría generar procesos de descomposición y riesgos para los funcionarios.
En esa línea, el senador mencionó denuncias sobre exposición a agentes biológicos e incluso contagios de enfermedades como tuberculosis, además de eventuales fallas en los procesos de identificación y en la coordinación con las policías.
Asimismo, cuestionó la consistencia de las cifras oficiales y advirtió posibles problemas en el control del gasto público. A esto se suma la preocupación por la subutilización de infraestructura y la falta de equipamiento, junto con déficits de personal en algunas regiones.
La solicitud quedó ahora en manos de la Contraloría, que deberá evaluar los antecedentes y determinar la eventual apertura de una investigación sobre el funcionamiento del organismo.
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