Uruguay promulga ley de eutanasia y consagra derecho a una muerte digna
La normativa establece condiciones estrictas para acceder a la muerte médicamente asistida y refuerza el rol de los cuidados paliativos en el proceso final de vida.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, promulgó la ley que regula la eutanasia, consolidando el derecho a una muerte digna para pacientes en condiciones médicas específicas. La normativa había sido aprobada previamente en el Senado y ahora entra en fase de implementación.
El mandatario señaló que la decisión es resultado de un proceso prolongado de debate público y técnico. Subrayó que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, destacando además que en los meses previos se avanzó en el fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte integral del sistema de salud.
La legislación establece que podrán acceder a la eutanasia personas mayores de edad, con plena capacidad psíquica, que padezcan enfermedades incurables e irreversibles en etapa terminal, acompañadas de sufrimiento considerado intolerable y un deterioro significativo de la calidad de vida.
El procedimiento exige que la solicitud sea realizada de forma expresa ante un médico, por escrito y en condiciones que acrediten la voluntad libre e informada del paciente. En caso de imposibilidad física para firmar, se permite la intervención de un tercero bajo estrictas condiciones de validación.
El médico tratante deberá informar sobre alternativas terapéuticas disponibles, incluyendo cuidados paliativos, y confirmar que la decisión del paciente es consistente. Posteriormente, un segundo profesional evaluará el caso antes de avanzar.
Si ambas instancias médicas son favorables, el paciente deberá reiterar su decisión por escrito ante dos testigos, quienes no podrán tener interés económico en el fallecimiento. Todo el proceso apunta a asegurar que la determinación sea autónoma y sin presiones externas.
La ley también contempla el derecho a la objeción de conciencia para el personal sanitario. En esos casos, las instituciones de salud deberán garantizar la continuidad del procedimiento mediante profesionales alternativos.
Asimismo, se establece que los médicos y equipos que participen en el proceso conforme a la normativa quedarán exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa.
Con esta promulgación, Uruguay se suma al grupo de países que han legislado sobre la eutanasia, en un debate que continúa generando posiciones diversas a nivel global.
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